Los servicios públicos esenciales de Canarias (sanidad y educación, entre otros) peligran si el Gobierno central procede a nuevos recortes en la financiación autonómica. Así lo dejó caer ayer el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, quien advirtió que el mantenimiento de esos servicios será insostenible si bajan aún más los ingresos procedentes del Estado. En 2008, al inicio de la crisis, Canarias recibió 4.346 millones de euros del Estado por la financiación autonómica, pero desde entonces se ha ido reduciendo y la previsión para 2012 es de 3.379 millones (mil millones menos), dijo González Ortiz en una comparecencia en comisión parlamentaria. "Canarias no puede seguir sustituyendo esas partidas del Estado con recursos propios, ya no se puede perder un solo euro más sin que tenga consecuencias", alertó González Ortiz.

Agregó que desde el comienzo de la crisis "se ha hecho un esfuerzo de ahorro" de 2.300 millones de euros, pero las medidas de austeridad "tienen un límite". En 2010, los ingresos del Estado eran el 65 por ciento del presupuesto canario y en 2012 van a ser del 60 por ciento, como consecuencia de un sistema de financiación injusto que es preciso modificar, dijo el consejero.

También señaló que ante los presupuestos del Estado de 2012, debe garantizarse el cumplimiento de la ley del Régimen Económico y Fiscal, que establece que la inversión del Estado en las islas debe ser igual a la inversión media en el conjunto de comunidades.

El portavoz del grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias, José Miguel Barragán, sugirió una posible subida de impuestos en Canarias si la reducción de la financiación estatal hace imposible el mantenimiento de los servicios públicos en las islas, pero el consejero no se pronunció al respecto. El presidente canario, Paulino Rivero, declaró a LA PROVINCIA hace unos días (ver edición del domingo 19 de febrero) que no estaba contemplada una subida de impuestos en las Islas.

González Ortiz insistió en que la situación de las arcas autonómicas está al límite por las dificultades de seguir desviando recursos de otras partidas para mantener los servicios públicos esenciales, y afirmó que es responsabilidad del Estado su financiación para garantizar la cohesión social en España.

El consejero detalló las gestiones realizadas con el Ministerio de Hacienda para "poner sobre la mesa" el perjuicio que para Canarias representa el vigente sistema de financiación autonómica, pero por el momento no ha habido respuesta. Cualquier reducción adicional pondrá en riesgo los servicios públicos, alertó en referencia a los próximos presupuestos del Estado, de cuya incidencia en Canarias el Gobierno autónomo no tiene ninguna información, según reconoció.

Sobre el sistema de financiación autonómico, explicó que el Gobierno de Canarias quiere "que se actúe de forma urgente, no para introducir más recursos, sino para corregir las injusticias de forma paulatina". En su comparecencia, el consejero informó de que en 2011 los ingresos procedentes de tributos alcanzaron los 1.592 millones de euros, un 3,4% más de lo previsto. Respecto a los impuestos del REF -IGIC, AIEM e Impuesto de Matriculación- la recaudación fue de 949 millones de euros, un 8% más de lo presupuestado. De ellos, 809 millones correspondieron al IGIC, cuya recaudación subió un 5% respecto a lo previsto inicialmente. Sin embargo, del sistema de financiación autonómica se recibieron 3.733 millones de euros, un 9% menos de los 4.090 de 2010.