El presidente Paulino Rivero se mostró ayer radicalmente en contra de la extracción de petróleo frente a las costas canarias y aseguró que su Gobierno utilizará "todas las herramientas al alcance" para paralizar las autorizaciones a Repsol. Rivero afirmó, además, que la creación de un impuesto autonómico a la futura extracción de crudo en las aguas que considera autonómicas es una de esas herramientas, y que no tiene por tanto ningún afán recaudatorio, sino que forma parte de una "estrategia" para poner fin al proceso.

El jefe del Ejecutivo, que participó en Madrid en un desayuno informativo organizado por el grupo Intereconomía y patrocinado por Binter Canarias, descartó encuentros técnicos con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y aseguró que "esto no es un capricho" y que "no es una cuestión de dinero, sino de filosofía. Estamos en contra del petróleo y todos los movimientos que ponemos en marcha son disuasorios para impedir las prospecciones, nunca como herramienta recaudatoria. Son movimientos estratégicos para impedir las actuaciones de investigación y extracción en torno a las aguas canarias", recalcó. Afirmó que "la inmensa mayoría de los canarios apostamos por la sostenibilidad, por el respeto a nuestros valores naturales y eso es incompatible con el petróleo".

El presidente recordó que su Gobierno se va a mover en dos frentes para intentar parar los permisos, el competencial y el medioambiental. Respecto al primero, reiteró que quien tiene capacidad para otorgar las autorizaciones es Canarias y que, en este sentido, su Gobierno nunca lo haría "sin consenso con los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura". Añadió que, dada la clara oposición que estas instituciones están mostrando en el proceso de alegaciones al borrador de decreto elaborado por el ministerio de Industria, Energía y Turismo, "parece claro concluir que eso es inviable en estos momentos".

Respecto a la cuestión medioambiental, enfatizó que los informes presentados por Repsol y que acompañan al borrador de decreto redactado el ministerio no son homologables a los que están en vigor en países como Noruega, donde aseguró que existen hasta seis leyes de control y protección medioambiental. Esta situación contrasta con el hecho de que, en el caso canario, el permiso se supedite a un informe de la misma petrolera concesionaria. Recordó además que en Noruega el petróleo está nacionalizado y que el Estado hace concesiones públicas para la extracción y aseguró que la tecnología actual no garantiza la plena seguridad de esas operaciones a 3.500 metros de profundidad. Según él, hasta el momento solo hay "experiencias negativas" a esa profundidad y puso como ejemplo el caso de las prospecciones en el golfo de México, frente a la ribera maya.