La documentación que debe aportar Repsol para iniciar el proceso de evaluación de impacto ambiental es abundante. Es solo la primera etapa del proceso al que la propia compañía concede un plazo mínimo de un año y medio. Sin embargo, hay opiniones en la petrolera que elevan ese tiempo hasta los dos o tres años. El enconamiento del debate político tendrá su máxima expresión en las alegaciones que podrán presentar instituciones canarias y organizaciones ecologistas toda vez que se abra la fase de información pública del estudio ambiental que tiene que elaborar Repsol. La petrolera no duda que el número de alegaciones será elevado, por lo que los trámites avanzarán por el camino lento.

El texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos aprobado por Real Decreto (1/2008 de 11 de enero) detalla los pasos que ha de dar cualquier empresa que realice labores peligrosas para el medio ambiente. El propio texto normativo detalla -en su Anexo I- cuáles son esas actividades presuntamente nocivas. Entre ellas se encuentra la "explotación de depósitos marinos".

La solicitud de apertura del proceso que Repsol tiene que remitir al Gobierno central debe contener, como mínimo: "la definición, características y ubicación del proyecto; las principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas, y un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado".

Informado el Ministerio de Medio Ambiente, deberá decidir el nivel de detalle que habrá de contener el estudio de impacto ambiental. Contará con tres meses para tomar esa decisión.

En Repsol saben que la amplitud del documento que se les exigirá será máxima, habida cuenta de que el ministerio tendrá que decidir en función de las consultas que realice a otras Administraciones afectadas. En el caso canario, habrá de escuchar, al menos, al Gobierno autónomo y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y a "otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente".

Consumido ese plazo, se abrirá uno nuevo de dos años, máximo, en el que la petrolera tendrá que elaborar el estudio de impacto, someterlo a información pública y contestar todas las alegaciones que se produzcan.

Otra vez las instituciones y organizaciones ecologistas canarias podrán hacer llegar cuanta disconformidad tengan tras la lectura del trabajo elaborado por Repsol. Terminado el plazo, la petrolera deberá entregar en seis meses el documento final, sobre el que Madrid deberá pronunciarse en solo tres meses, según la ley.