Las diferencias con el Gobierno de Mariano Rajoy marcarán buena parte de la intervención del presidente Paulino Rivero en el Debate sobre el estado de la Nacionalidad, mañana martes y el miércoles en la Cámara Regional. Los recortes, el déficit de financiación y especialmente las decisiones acordadas por el Ejecutivo central desde que tomara posesión hace tres meses golpean, desde el punto de vista del Pacto (CC-PSOE), la línea de flotación de los intereses canarios.

Las relaciones con Madrid se han ido tensando con la retirada de las primas a las energías renovables, la negativa a prorrogar las reducciones de las tasas aéreas y, sobre todo, son la autorización a Repsol para que inicie la exploración de hidrocarburos junto a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Este último acuerdo del Consejo de Ministro, el pasado viernes, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Rivero, que había reclamado de forma reiterada una reunión con el presidente del Ejecutivo nacional antes de que se firmara el real decreto que da luz verde a las prospecciones, entiende ahora que Madrid "ha roto el principio de lealtad y colaboración institucional". Y lo ha hecho, desde su punto de vista, "despreciando" a la postura en contra del Parlamento regional, los cabildos y ayuntamientos majoreros y lanzaroteños y del propio Gobierno autonómico.

Pero el petróleo no es la única cuestión que mantiene tensas las relaciones con Madrid. Rivero advirtió ayer, a través de su blog personal y en lo que empieza a ser su habitual mensaje dominical, que "los canarios no podemos perder un céntimo más". Y es que el Debate se producirá apenas seis días antes de la celebración de las elecciones andaluzas y diez antes de que el Consejo de Ministros apruebe los Presupuestos Generales del Estado. El ajuste del déficit nacional al 3,5% conllevará un abultado recorte que Canarias no está dispuesta a que repercuta igual en todas las autonomías. No, porque "las Islas han hecho bien los deberes en contención del gasto desde el año 2008 y no merecen ser castigadas con nuevas y desproporcionadas exigencias", subraya Rivero.

Para empezar Canarias ya sabe que deberá ajustar en 200 millones el presupuesto autonómico, la incógnita es en qué medida afectará al Archipiélago la caída de la inversión pública del Estado de un 40%, tal y como ya adelantó el ministro de Economía, Luis de Guindos.

¿En qué medida se verán afectados los convenios de infraestructuras firmados entre Canarias y el Estado? Pese a los requerimiento del Ejecutivo, hay pocas esperanzas de que el PP mantenga el compromiso de que las Islas reciban la inversión media estatal, como recoge el REF y que pocas veces se ha cumplido (supera los 800 millones).

En definitiva, para el Ejecutivo regional, negado a tocar los fondos para los servicios esenciales -Sanidad, Educación y Servicios Sociales-, Madrid es el único culpable de que no haya más remedio que subir los impuestos. ¿En qué medidas y cuáles?

"La decisión del Gobierno central de retrasar su tramitación -por cuestiones exclusivamente partidistas, desatendiendo el interés general"-, apunta Rivero en su blog, "nos niega una valiosa información para entender la dimensión de las dificultades a las que todos tendremos que enfrentarnos a corto y medio plazo".

Previsiblemente Rivero, en su balance del primer año de legislatura, enuncie la subida de tributos. Según fuentes del Pacto si lo hace será sólo un enunciado, no se arriesgará a más. En la mira, sin embargo, están el impuesto del combustible, el de Sucesiones y varios tipos del IGIC.

Si hay anuncio el PP advierte: "Nos tendrá enfrente. Aún queda margen de maniobra para evitar una medida así", dice la portavoz popular en la Cámara regional, Australia Navarro, para quien el incremento de la presión fiscal "es la última de las soluciones".