El Gobierno de Canarias tiene ya sentadas las bases para elaborar su propia ley de transparencia. A principios de 2013 abrirá un proceso participativo y antes de que termine el año se prevé que llegue a la Cámara regional. El Pacto (CC-PSOE) quiere una norma "más abierta" que la que vislumbra en el anteproyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno elaborado por el Ministerio de Presidencia y al que previsiblemente el Congreso de los Diputados dará luz verde antes de que dé inicio el verano.
Con todo, admitió el director general de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana del Ejecutivo regional, Pedro Ramos, la norma general será la que ponga los cimientos a la canaria. Eso sí, con una diferencia: será de aplicación también en el Parlamento.
El Ejecutivo regional obligará por ley a los diputados a poner foco sobre sus retribuciones. Una posibilidad que hasta ahora ha sido siempre bloqueada por la Mesa del Parlamento y que a Ramos "como canario me produce bochorno pero como director general me preocupa porque denota déficit democrático. Los sueldos de los miembros del Gobierno ya se publican, desde el del presidente a los directores generales, no veo qué impide que los electores conozcan lo que cobran de sus representantes legislativos".
Si los planes de Ramos se cumplen significará que Canarias será de las primeras comunidades autónomas con una ley que permita conocer, céntimo a céntimo, dónde va a parar el dinero público. Todo documento que tenga carácter oficial y se halle en poder de los gestores públicos debe ponerse a disposición del ciudadano que lo requiera en 15 días.
El Ejecutivo navarro aprobó ya el proyecto de Ley Foral de Transparencia -elaborado merced a la participación ciudadana que aportó propuestas al borrador y lo enmendó- y el presidente catalán y el lendakari vasco ha anunciado también pasos en este sentido.
No menos
En cualquier caso, independientemente del momento en que se aprueben, las normas autonómicas no podrán ser nunca menos "transparentes" que la nacional, advierten desde la plataforma Access Info, que viene trabajando desde hace varios años para que la ley nacional vea la luz y que, como primera medida ya ha criticado las "excesivas restricciones" que plantea el anteproyecto presentado el pasado día 23 por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Tal y como está ahora la propuesta, se señala desde Access Info, España no podrá cumplir los estándares internacionales de acceso de la ciudadanía a la información. Y ya llega tarde. España es el único Estado de más de un millón de habitantes de Europa que carece de Ley de Transparencia. Y el anteproyecto, desde el punto de vista de los parámetros del Consejo de Europa, no cumple con las expectativas. Es un avance, pero, por ejemplo y a diferencia del resto de la UE, en el anteproyecto se obliga a que sea el ciudadano el que argumente su interés en determinada información cuando debería ser al contrario. La administración está obligada a cumplir con el derecho básico a la información y, por tanto, si la niega, debe contarle por qué.
Tampoco entienden los activistas que se considere secreto de Estado asuntos relacionados con la intendencia de Defensa, de las relaciones internacionales o la salud pública además de los ya establecidos en la Constitución (seguridad, defensa del Estado, averiguación de delitos e intimidad de las personas).
El responsable canario de Participación Ciudadana recuerda, no obstante, que la comunidad autónoma tiene ya parte del camino recorrido. El Parlamento regional aprobó en junio de 2010 la Ley de Fomento de la participación ciudadana y en la actualidad se está en proceso de elaborar el reglamento que la desarrolla. Su aprobación incidirá en que antes de final de año estén también en vigor el Código del Buen Gobierno y el Observatorio de conducta de los empleados públicos, ambos incluidos en la norma.
El Código, que contendrán principios éticos y de conducta, deberá seguir las pautas establecidas por Madrid en el anteproyecto que está ahora en fase de consulta pública. La ley nacional implica tanto a la administración del Estado como a las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Los cargos públicos de unas y otras deberán actuar pues con "transparencia" en la gestión de los asuntos públicos y siguiendo los principios de "eficacia, economía y eficiencia". No podrán aceptar regalos que superen "los usos habituales de cortesía" o, entre otras medidas, se arriesgan a sanciones administrativas si ignoran la solicitud de información de los ciudadanos o penales si ponen en riesgo la viabilidad económica de las administraciones.
