Los contribuyentes de las Palmas y sus empresas tienen en su contabilidad B del orden de 3.128,9 millones de euros, según una estimación del sindicato Gestha, mayoritario entre los técnicos de Hacienda. Ése es el presumible tamaño del dinero negro que se mueve en la provincia y que, al menos en parte, podría encajar en la amnistía fiscal que el Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 con el propósito de obtener una recaudación extra.
El mismo colectivo estima que en Canarias el fraude fiscal supera los 7.715 millones de euros. De esta cantidad, Gestha calcula que a los 3.128,9 millones de Las Palmas hay que sumar unos 4.586,6 millones de dinero negro en la provincia tinerfeña. Santa Cruz de Tenerife sólo es superada por Madrid (24.204 millones), Barcelona (21.338 millones), Valencia (8.868 millones), Alicante (5.689 millones) y Vizcaya (4.586 millones). Además, la economía sumergida supone el 35,9 % del Producto Interior Bruto (PIB) en la provincia tinerfeña, sólo superada por Ciudad Real (36,5 %).
En cuanto al total de riqueza que los españoles no declaran al fisco, el sindicato calcula que esta ronda los 250.000 millones en todo el territorio nacional.
El dinero negro -entendido en sentido amplio, como los bienes y derechos que se ocultan a las autoridades tributarias para no pagar impuestos- es, junto al trabajo irregular, componente principal de la economía sumergida. Aunque la dimensión de ésta no se puede fijar con precisión, variopintos estudios sostienen que en España alcanza cantidades equivalentes a entre el 18 y el 23 % del producto interior bruto (PIB).
Gestha ha llegado a hacer una aproximación al tamaño de la economía sumergida en las distintas comunidades autónomas. Su más reciente cálculo se basa en información de 2009 y arroja el siguiente saldo para Canarias: las actividades no declaradas -sin incluir las ilícitas, como el narcotráfico- mueven unos 11.650 millones de euros, equivalentes al 28,7 % del PIB regional; esa cantidad se reparte entre 7.715 millones que proceden del fraude fiscal (dinero o bienes ocultados a Hacienda) y 3.937 millones correspondientes al fraude laboral (trabajos contratados sin mediar alta en la Seguridad Social).
El anterior Gobierno intentó en 2011 frenar el avance del empleo sumergido. Lo hizo, como ahora hace el actual Ejecutivo, con la amnistía fiscal, abriendo un periodo de "regularización" al que podían acogerse las empresas que tuvieran trabajadores en situación ilegal, sin contrato y sin alta en la Seguridad Social. Esa "amnistía" resultó un fracaso en todo el país. En la mayoría de las comunidades autónomas apenas se registraron unos centenares de casos de contratos legalizados.
La "regularización fiscal" que ahora intenta el Gobierno de Mariano Rajoy está pensada para actuar sobre la otra pata de la economía sumergida: el fraude tributario. Ciudadanos y empresas podrán sacar a la luz su dinero negro a cambio de pagar el 10 %. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado ya el decreto con las líneas generales de esta amnistía fiscal:
? De un lado, se busca la repatriación de fondos alojados por las empresas en paraísos fiscales y resultantes de los repartos de dividendos y ventas de participaciones que las compañías, generalmente grandes corporaciones, tienen residenciadas en países donde la tributación es nula o muy laxa. El dinero se regulariza mediante su declaración y el pago de un 8 % a la Agencia Tributaria.
? De otro lado, las empresas o particulares que tengan bienes o derechos que hayan ocultado a Hacienda al no haber declarado por ellos al liquidar el impuesto de sociedades o el IRPF podrán presentar una declaración extraordinaria y legalizar su situación, sin sanción, a cambio de pagar un gravamen equivalente al 10 %. El plazo para realizar estas declaraciones y realizar el ingreso finaliza el 30 de noviembre. El Gobierno también se propone endurecer las sanciones por fraude fiscal.
Así, el Ministerio de Hacienda prevé que las arcas públicas ingresen en total 2.500 millones. El ministro Cristóbal Montoro ha defendido además que la amnistía fiscal permitirá a la Agencia Tributaria aumentar el control sobre los contribuyentes a posteriori. Sin embargo, algunos estudios académicos cuestionan los resultados efectivos de este tipo de procesos, considerados, además, injustos porque se quiebra el principio de igualdad tributaria, favoreciendo a los defraudadores y agraviando a los contribuyentes que cumplen. "Se enjuagan delitos fiscales a precio de saldo", subraya Gestha. Según sus cálculos, más del 70 % del fraude español proviene de grandes fortunas y corporaciones empresariales.
