Más de 2.500 personas dependientes ya valoradas y con una resolución en mano para percibir la asistencia o aportación económica correspondiente por parte de la consejería de Bienestar Social se van a ver afectadas por el recorte de los fondos estatales en la aplicación de la ley de Dependencia y se quedarán, al menos de momento, fuera del sistema de ayudas.

Así lo aseguró ayer en Madrid la consejera, Inés Rojas, tras participar en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en el que se analizó, junto a la ministra Ana Mato, el nuevo marco económico de la ley como consecuencia de la eliminación de 283 millones del conjunto de financiación estatal correspondientes al nivel mínimo acordado entre Estado y Comunidades Autónomas y del que a Canarias le correspondían ocho millones.

Rojas dijo que en las Islas "más de 2.500 personas que ya hemos valorado y con una resolución de atención en mano no van a poder ser atendidas por falta de financiación del Estado" y reclamó una "negociación urgente para saber a qué atenernos".

Rojas recalcó que "la decisión de eliminar de forma unilateral el nivel mínimo acordado para dotar de fondos a las Comunidades Autónomas para aplicar la ley de Dependencia y dejarlo a cero va a suponer un cambio drástico en su aplicación", y aseguró que estos recortes suponen de facto una reforma de la ley que Canarias "analizará jurídicamente. Se ha eliminado de una forma unilateral el nivel acordado, se ha mantenido el mismo nivel mínimo del 2011, es decir, para atender a las mismas personas que estamos atendiendo hasta ahora, con lo que no podemos incorporar ni una sola persona más en el sistema", aclaró la consejera antes de señalar: "Nos preguntamos si jurídicamente esto es posible porque esto es una ley que hay que cumplir y las Comunidades Autónomas somos las que tenemos a la gente delante y algunas hemos pedimos que se tomen medidas urgentes porque este año no sabemos qué es lo que va a pasar".

Rojas reconoció que la situación creada es consecuencia de la falta de ficha financiera con que se puso en marcha la ley de Dependencia en 2007, pero aseguró que Canarias ya había advertido de los problemas que se presentarían.