El Gobierno canario continúa estudiando las medidas de ajuste necesarias para afrontar "el hachazo" de 800 millones de euros en los presupuestos autonómicos derivados del recorte estatal, aunque confía "hasta el último minuto" en que el Ejecutivo central de marcha atrás porque "no hay razón para este maltrato" hacia las islas.
Así lo ha considerado hoy el portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, y en la que manifestó que este asunto es el más urgente que tiene ahora el Gobierno regional sobre la mesa, pero esto no lo puede llevar a la precipitación y adoptar medidas de ajuste que produzcan "efectos perversos".
Martín Marrero subrayó que el Gobierno "no aplaza ninguna decisión, sino que las estudia" porque no es sencillo "sino muy complicado" decidir cómo se van a recortar esos 800 millones en un presupuesto autonómico de 6.700 millones, de los que 4.500 se destinan a los servicios públicos esenciales.
El portavoz afirmó que para ello habrá variables técnicas relacionadas con los impuestos y la reducción de gastos, explicó que se estudian "múltiples posibilidades" pero también insistió en que no es sencillo y en todo caso, no se ha puesto sobre la mesa ninguna medida de reducción del empleo público.
"Estamos ante un escenario abierto", dijo el portavoz canario, puesto que el Gobierno central presenta el proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2012 que rectifica dos días después al anunciar recortes en sanidad y educación por 10.000 millones de euros que no ha detallado, con lo que "seguimos en la incertidumbre".
Por ello el Ejecutivo canario permanece "a la espera" de que el central aclare el marco financiero y, según dijo Marrero, esta incertidumbre que genera el Gobierno central está siendo castigada en los mercados internacionales con la peor evaluación de España desde el inicio de la crisis.
Cuando se sepan las cifras "reales", y tras la reunión que previsiblemente mantendrá la próxima semana el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno canario adoptará medidas para corregir "cuanto antes" el desfase de 800 millones en su presupuesto pero, reiteró Marrero, ahora lo que ha hecho el Ejecutivo central es "abrir un nuevo interrogante con nuevos recortes".
Subrayó el portavoz canario que con este recorte de 800 millones desaparecerán "cuestiones importantísimas", como inversión en carreteras, obras hidráulicas y ley de la dependencia.
Apuntó no obstante que Canarias confía "hasta el último minuto" en que el Gobierno central de marcha atrás "en el hachazo" porque no hay razón alguna para que las islas sufran este "maltrato" y por el contrario, existen motivos "legales" para que se rectifique este recorte presupuestario.
Anunció también el portavoz que el Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado hoy tramitar el anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria por el que la Comunidad Autónoma fijará el objetivo de déficit y de deuda así como el límite de gasto para cada anualidad.
Canarias es una de las primeras comunidades autónomas en adaptar su legislación a la reciente reforma constitucional y a la nueva Ley Orgánica estatal y como consecuencia de estos cambios normativos, el Ejecutivo canario incorporará los mecanismos necesarios para cumplir con los nuevos principios constitucionales que deberán regir el sector público autonómico.
El objetivo principal es asegurar el sostenimiento de las finanzas públicas canarias y garantizar con ello los servicios públicos esenciales.
De los aspectos principales de la nueva norma destaca la obligación, por parte de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, de realizar un continuo seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria.
Con ello se pretende ajustar el gasto público a los nuevos principios de estabilidad y tomar las medidas necesarias, en caso de riesgo de incumplimiento, para garantizar la sostenibilidad financiera.
Entre esas medidas cautelares se encuentra la posibilidad de decretar la no disponibilidad de todos o de algunos de los créditos del presupuesto o la prohibición expresa de realizar actuaciones que generen gastos en cualquier momento del ejercicio económico anual.
El anteproyecto de ley prevé el procedimiento para elaborar un plan económico-financiero en caso de un posible incumplimiento del objetivo de estabilidad así como un plan de reequilibrio en el supuesto de que la comunidad autónoma incurra en déficit estructural o supere los límites de deuda pública.
Al respecto, la transparencia será uno de los principios que regirá esta actuación ya que se dispone la obligación de publicar y difundir estos planes.
También se establecerá un fondo de contingencia, como partida diferenciada, que se destinará a atender necesidades no previstas en los presupuestos anuales inicialmente aprobados y que puedan presentarse durante el ejercicio.
La dotación de este fondo será del 0,1 por ciento del total de gastos consignado.
Martín Marrero recordó además que el Gobierno de Canarias ha solicitado al Estado que no trate por igual a todas las comunidades autónomas y que permita salvedades con aquellas autonomías que ya cumplen con el máximo autorizado de deuda.
Con ello, el Ejecutivo pretende que el Gobierno de España permita destinar recursos, una vez cumplido el límite de deuda, a otras políticas y programas dirigidos a la reactivación económica y la generación de empleo.
