La primera víctima de los recortes puestos en marcha por el Ministerio de Educación será la calidad educativa, según se desprende de las opiniones de profesores y sindicatos. El nivel de calidad alcanzado hasta la fecha tenía por objetivo garantizar una atención específica para los alumnos que mayores dificultades tienen en el aprendizaje. Inmigrantes, escolares con discapacidad o aquellos que simplemente muestran bajos niveles de comprensión serán los grandes perjudicados por el incremento de la ratio de alumnos por aula propuesto por el ministro José Ignacio Wert.

"Tenemos menos profesores que otras comunidades autónomas", subrayó ayer el director del Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa, José Moya. Se refería así a la injusticia que supondría aplicar los recortes de manera lineal sin atender a las necesidades de cada comunidad autónoma.

El incremento del 20% por aula significaría pasar de 35 a 42 alumnos en Bachillerato, mientras que el salto en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) será de 30 a 36 escolares. En Primaria el incremento sería de cinco alumnos, pasando de los 25 actuales a los 30.

Moya afirma que aumentar un solo alumno por grupo educativo "puede suponer prescindir de 40 docentes". Para el secretario de Educación de CC OO-Canarias, José Ramón Barroso, las propuestas en Madrid se realizan "sin valorar el daño que se hace a la sociedad".

Hacia la privatización

Por su parte, el decano de la facultad de Formación del Profesorado de la ULPGC, Marino Alduán, estima que los recortes propuestos por Educación son "elementos en favor de la privatización", porque "repercuten en la calidad que la enseñanza pública puede ofrecer".

En el mismo sentido se pronunció Ana Gloria Sánchez, delegada sindical de Enseñantes Asamblearios (EA) de Canarias. Además, ella añade que en las Islas hace ya dos años que se asumieron los recortes que se adoptaron en otras comunidades al inicio de este curso. "Ya entonces nos quedamos con unos 1.500 profesores menos", afirmó.

Sánchez se mostró convencida de que este tijeretazo global de 3.000 millones de euros que pretende el Gobierno central en materia educativa para toda España se traducirá en "más interinos y sustitutos que van al paro". Para ella, el incremento de las ratios supone un "desastre anunciado" contra la calidad de la educación.