El Gobierno de Canarias se resistirá a aplicar las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación que no sean de obligado cumplimiento y estudia plantear un recurso de inconstitucionalidad por si el Real Decreto, que prevé aprobar el Consejo Ministros, invade competencias autonómicas.
Así lo ha anunciado hoy el consejero de Educación y vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, en una rueda de prensa, en la que ha apuntado que, si se aplicaran medidas como el aumento de las horas lectivas y del número de alumnos por aula, supondría el despido en las islas de 3.000 profesores de la enseñanza publica canaria.
Pérez ha señalado que se está produciendo una reforma del estado autonómico a partir de las reformas presupuestarias y ha apuntado que tiene serias dudas de que el Ministerio tenga "las competencias que pretende usurpar", por lo que ha insistido que estudiarán la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
Para el vicepresidente del Gobierno canario, las medidas anunciadas por el Gobierno "suponen un auténtico expolio del sistema público educativo en cuanto a derechos, prestaciones, recursos y servicios básicos logrados".
Ha subrayado que los ajustes llevados a cabo por el Gobierno de Canarias durante el curso 2010-2011 han supuesto que el gasto en profesorado sea menor en 134 millones de euros que la medida estatal.
