La consejera de Sanidad de Canarias, Brígida Mendoza, ha planteado hoy "la contención de la demanda" como medida sanitaria de ahorro, pero ha descartado que ello suponga penalizar al paciente por un uso abusivo del sistema público, como podría ser la utilización indebida de los servicios de urgencias.
En un acto organizado por la Fundación Bamberg, donde la consejera ha pronunciado una conferencia dentro del ciclo "Innovación, eficiencia y buen gobierno en sanidad", Mendoza ha propuesto como medida de ahorro para contener la demanda la receta electrónica que en Canarias supuso al cierre de 2011 un ahorro de 48 millones de euros.
La responsable canaria ha abogado por concienciar al paciente de sus derechos pero también de sus obligaciones para fomentar un uso racional de los recursos.
"Se trata -ha dicho- de responsabilizar a la ciudadanía de su salud pero también del coste de los servicios que reciben".
La consejera ha pedido a los responsables políticos "madurez", ha recordado que los "calendarios políticos" son "cortos y limitados" para cualquier reforma de calado que se quiera imponer y se ha mostrado convencida de que "hay que sacar la sanidad del debate electoralista".
Ha insistido en un "no rotundo" al copago, tanto farmacéutico como de las prestaciones sanitarias, y ha recordado que esta medida "no ha demostrado eficacia en ningún territorio".
Mendoza ha comentado que pedir más esfuerzo económico a las rentas más bajas y a los enfermos "rompe la equidad" y ha precisado que en Canarias hay un alto porcentaje de población con más de 65 años y patologías crónicas, que necesitarán de productos farmacéuticos a lo largo de su vida.
A juicio de la consejera, los presupuestos del PP "castigan" a las comunidades que como Canarias tenían los "deberes hechos" y una serie de medidas eficientes ya en marcha.
No obstante, ha reconocido que la comunidad está obligada a dar cumplimiento al decreto ley aprobado por el Gobierno.
En referencia al Consejo Interterritorial de Salud, Mendoza ha apostado porque este órgano tenga más capacidad de cooperación y colaboración con los agentes sociales.
Ha exigido al Gobierno que no impulse desarrollos legislativos que provoquen incrementos en los gastos de las comunidades autónomas "sin previo consenso sobre su oportunidad o fuentes de financiación".
También se ha decantado por que el Consejo Interterritorial "redefina" su papel como órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades asimilando su funcionamiento al de las conferencias sectoriales, con mayor capacidad de decisión y medidas de carácter vinculante.
