Los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote y cuatro agrupaciones ecologistas han denunciado este miércoles que las zonas del Atlántico donde se ha autorizado a Repsol a hacer prospecciones petrolíferas se encuentran a "apenas 13 kilómetros" de espacios naturales protegidos por la Unión Europea.

Ecologistas en Acción, WWF-Adena, El Guincho y Agonane han remitido a la Comisión Europea información complementaria a las quejas que ya le habían formulado para advertir de la posible afección a espacios de la Red Natura 2000.

En ellas, recuerdan que el Consejo de Ministros ha autorizado a Repsol a buscar petróleo en un área de 616.00 hectáreas distribuidas en nueve cuadrículas, que coinciden -subrayan- "con una de las áreas más importantes de España en términos de biodiversidad marítima".

"Lanzarote y Fuerteventura contienen numerosos lugares de destacada importancia biológica y geológica, designados como espacios protegidos con diversas categorías de protección a nivel autonómico, nacional, europeo e internacional", recalcan los dos cabildos y las plataformas ecologistas, en un comunicado.

En este sentido, denuncian que a una distancia de entre 11 y 57 kilómetros de la zona donde Repsol pretende buscar hidrocarburos hay 14 zonas de especial conservación (ZEC) y once zonas de especial protección para aves (ZEPA), tanto marítimas como costeras.

Según sus mediciones, a menos de 20 kilómetros de la zona de sondeos se encuentran los ZEC de Pozo Negro (13,4 km), Corralejo (16,5 km), Sebadales de Corralejo (a 16,6 km) y Sebadales de Guasimeta (17,6 km), así como las ZEPA de Llanos y Cuchillos de Antigua (11,4 kms), Pozo Negro (13,4 km), Dunas de Corralejo e Isla de Lobos (16,4 km).

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera (CC), sostiene que la cercanía de estos espacios protegidos "es un argumento más que suficiente para que se suspenda todo el proceso".

Cabrera explica, además, que han decidido poner esta información en manos de la Comisión Europea para que "actúe en consecuencia", porque han expuesto las mismas razones al Gobierno español, pero ni les ha hecho caso ni ha respondido a sus alegaciones.

Hasta la fecha, tanto el Gobierno de Canarias, como los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote y Ben Magec-Ecologistas en Acción han anunciado su intención de impugnar ante el Tribunal Supremo estos permisos de prospección petrolífera, herederos de los que se autorizaron en 2001 y fueron anulados tres años más tardes por defectos en su control medioambiental.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha defendido que España "no puede permitirse" el lujo de no sondear una zona que, de acuerdo con las estimaciones de Repsol, podría abastecer durante 20 años el diez por ciento de la demanda nacional de petróleo.

Además, ha recordado que tanto las prospecciones, como actividad de extracción de crudo que pudiera derivarse de ellas en el futuro tendrán que someterse a todas las cautelas que imponga el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.