El anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales del Gobierno de Canarias modifica diez tasas, reactiva dos y crea otras ocho, entre otras medidas. En cuanto al incremento de los impuestos, dedica un capítulo al "bloque de la fiscalidad medioambiental de la comunidad". En él contempla el nuevo cobro a las grandes superficies comerciales y el que grava las líneas de alta tensión y las antenas de comunicaciones electrónicas. Cada antena deberá pagar 500 euros por año y cada kilómetro de tendido eléctrico de al menos 220 kilovoltios, 750 euros.
La creación de estos dos impuestos los justifica el Ejecutivo canario en "la contribución a la protección del medio ambiente". Sobre el que gravará a las grandes superficies comerciales a razón de 11 euros por metro cuadrado, lo considera "idóneo" para evitar que los empresarios "externalicen los costes de su actividad en el medio ambiente, en la ordenación del territorio, en las infraestructuras y en la vida ciudadana, sino que, por el contrario, se produzca su interiorización en sus costes".
También el resto de las redes de transporte de electricidad tienen un nuevo gravamen. Las que transporten una tensión de entre 132 y 220 kilovoltios pagarán 650 euros por kilómetro, mientras que en las de entre 20 y 132 kilovoltios el impuesto baja a los 60 euros por kilómetro.
El Gobierno entiende que estos dos tributos medioambientales "no son contraproducentes para la actividad económica general". Es más, los considera útiles para "compensar" por "las indudables repercusiones medioambientales que tienen" estas actividades.
El consumidor, a salvo
En ambos casos, el anteproyecto elaborado por el departamento que dirige el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, incluye una cláusula en la que prohíbe expresamente la repercusión del impuesto "a los consumidores". Yendo más allá, explicita que la prohibición no puede "ser alterada mediante acuerdos entre las partes".
Si bien en el caso de las líneas eléctricas es más visible un incremento de precios, resulta complicado detectar la repercusión del impuesto en los precios de una gran superficie. En cualquier caso, el anteproyecto no explica cuál será el método de vigilancia para comprobar que el aumento de la presión fiscal no se traduce en un aumento de precios para el consumidor.
