Los partidos del pacto de gobierno de Canarias, PSC y CC, exigen al ministerio de Sanidad que el transporte sanitario no urgente entre islas quede exento en la ley del copago. De lo contrario, los enfermos que deban ser trasladados desde las islas menores a Tenerife o Gran Canaria una consulta especializada o continuar un tratamiento deberán abonar de su bolsillo una parte del traslado.

Ambas formaciones han iniciado una campaña de presión ante el Gobierno central y el PP para tratar de que el decreto pueda ser tramitado como proyecto de ley en las Cortes y permitiría incluir enmiendas para eliminar el copago en el transporte sanitario entre islas en Canarias y Baleares, así como en Ceuta y Melilla. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, mantiene hasta ahora su negativa a modificar el decreto, que será convalidado el jueves en el Congreso y a cuya tramitación como proyecto de ley se opondrá el PP, con mayoría absoluta.

La diputada socialista por Las Palmas Pilar Grande calificó ayer esta medida como un "despropósito más de un decreto que está hecho por economistas y no por gestores sanitarios". Considera que si el decreto es convalidado el jueves, ya sólo quedará la vía de los recursos de insconstitucionalidad, que se han presentado o se preparan desde distintas instancias, como última posibilidad para frenar el copago del traslado de pacientes entre islas.

Singularidades

La consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recuerda, sin embargo, que el decreto deberá ser desarrollado a través de una orden ministerial en la que quizá pueda aún establecerse esa excepción para Canarias y el resto de territorios extrapeninsulares. De hecho, el propio PSOE en el Congreso ha registrado una proposición no de ley solicitando que elimine este tipo de copago.

Pese a que algunas fuentes del PP señalaban que el Gobierno de Canarias podría seguir asumiendo ese gasto como hasta ahora para evitar su traslado al usuario, tanto la Consejería como los portavoces de PSC y CC aseguraban que "el decreto es de obligado cumplimiento y no hay posibilidad alguna de evitar que sea el paciente quien pague la parte que le corresponde". Recuerdan que el decreto establece en este sentido que los "servicios accesorios" sujetos a aportación por parte del usuario "se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica". Es decir: los trabajadores en activo con una renta igual o superior a 100.000 euros anuales deberán hacerse cargo del 60% del coste del transporte; el 50% si la renta se comprende entre los 18.000 y los 100.000 euros, y al 40% ciento para los usuarios con rentas inferiores a los 18.000 euros.

Grande señala que "el decreto se ha olvidado por completo de la situación y las singularidades del transporte sanitario en Canarias y de que aquí hay muchos casos de pacientes que necesitan trasladarse a hospitales de otra isla para ser atendidos y que ese transporte se hace en avión o helicóptero".

La diputada regional de CC y exconsejera de Sanidad María del Mar Julios resaltó por su lado que el pasado miércoles en el Parlamento de Canarias la necesidad de que el decreto "siga considerando el traslado en helicóptero como un transporte urgente aunque esté programado y, por tanto, pueda ser equiparado con el servicio de ambulancia".

Desde el PP se está a la espera de obtener una explicación concreta por parte del Ministerio sobre la incidencia real del copago en el transporte sanitario en Canarias. La diputada canaria Matilde Asián señalaba no obstante que "si se descubre que la aplicación del decreto produce algún perjuicio en las Islas respecto a otros territorios, habrá que estudiar alguna solución", aunque insistía en esperar las explicaciones de Sanidad.