Más de 10.000 dependientes canarios se pueden quedar sin derecho a la ayuda o prestación que recoge la Ley de Dependencia como consecuencia de los cambios que quiere introducir el Gobierno central en la norma. A tenor de las reuniones técnicas habidas hasta ahora, la intención del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales es incrementar la puntuación necesaria para acceder al reconocimiento y a las prestaciones contempladas en el texto.

Este endurecimiento de los requisitos puede dejar fuera a los dependientes de grado moderado y a una buena parte de los de grado severo, por lo que las ayudas irían destinadas preferentemente a los grandes dependientes. En el caso de Canarias, las solicitudes que se han presentado para acogerse a la ley son 38.433, de las cuales se han valorado 30.970. Hasta el momento se han presentado 5.755 solicitudes de grado I, es decir, los afectados que tienen una dependencia moderada y 9.319 de grado II o dependencia severa. Los grandes dependientes que han solicitado ayudas hasta ahora suman los 12.870.

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, afirmó el pasado viernes que el Sistema de Dependencia que regula la ley "no es viable" y que si no se modifica provocará un "colapso". El representante del Gobierno central apuesta por un modelo que garantice la viabilidad del sistema y que no permita que se gaste el doble de lo presupuestado ya que el Gobierno se ha encontrado "con el doble de dependientes de lo previsto". El Ejecutivo tiene cierta urgencia en reformar la ley y la propia ministra Ana Mato quiere tener el proyecto legislativo en junio para debatirlo con las comunidades autónomas y llevarlo al Parlamento.

Hay comunidades autónomas del PP que han propuesto elevar el listón para poder entrar en el sistema hasta los 65 puntos, lo que dejaría fuera a más de la mitad de los dependientes que la ley actual permite. El texto vigente establece un calendario que finalizaba en 2015 y por el cual iban entrando en el derecho a prestación los distintos niveles de dependencia y con una puntuación que, en el caso de los moderados, se establece entre los 25 y los 49 puntos.

En el caso de Canarias, esta modificación de la ley se añade a los numerosos problemas que han salpicado la aplicación del sistema de dependencia en los últimos años. Canarias figura en las estadísticas oficiales a la cola tanto en la evaluación de las solicitudes como en las prestaciones que reciben los dependientes. El principal argumento utilizado por el Gobierno regional es que Canarias contaba hasta ahora con su propio sistema, que difiere mucho del que establece la ley.

Sin embargo, en el caso de que se apruebe una elevación del corte para poder tener acceso a las ayudas la situación puede empeorar notablemente para los dependientes canarios.