"Terrorífico", "atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos" y "un regreso a la era preconstitucional". El Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife califica de esta manera la decisión de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Carla Bellini, de solicitar la grabación de un vis a vis en la prisión de Tenerife II en el marco del caso Las Teresitas entre uno de los involucrados, Felipe Armas, y su compañera sentimental.
Por esta diligencia, practicada en el año 2007 y cuyas conversaciones fueron añadidas al sumario, el Tribunal Supremo investiga si Bellini cometió un delito de prevaricación y otro contra el derecho a la intimidad de Armas y su novia, que se encontraba ingresada en la cárcel por un delito de tráfico de drogas y que nada tenía que ver con el caso de la compraventa de los terrenos de la playa chicharrera.
Marlén Martín, diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y su asesora en derecho penal y civil, explicó ayer que "no existen precedentes en Canarias" de la interceptación de las conversaciones en un vis a vis y que le parece "tan grave" como el caso del juez Baltasar Garzón, que fue condenado a 11 años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial al interceptar en prisión las comunicaciones entre los cabecillas de la red Gürtel y sus abogados.
"Son casos diferentes pero igual de gravísimos. En el caso de Garzón, éste vulneró el derecho a la tutela judicial y en el de Las Teresitas, se trata de un ataque contras los derechos fundamentales, consagrados por la Constitución", explicó Marlén Martín.
"Me parece increíble que la juez decidiera dar autorización a esa intervención. Es como regresar a la falta de garantías procesales de la etapa preconstitucional", subrayó la experta en Derecho Penal y Civil.
La representante del Colegio de Abogados señaló que el Consejo General del Poder Judicial abrirá una investigación si lo pide la Fiscalía del Supremo o alguna de las partes implicadas pero "solo si el Supremo considera que Bellini traspasó los límites legales". "El Colegio no puede ni tiene intención de llevar esta situación al Consejo. Lo único que sí podemos hacer es pronunciarnos", señaló.
