El proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales endurece los nuevos impuestos creados por el Gobierno canario, tanto los medioambientales como el que grava los depósitos bancarios, para garantizar que se consigue la recaudación prevista. Esta situación ha provocado que las organizaciones empresariales hayan intensificado su ofensiva para que en el periodo de presentación de enmiendas, que finaliza el lunes, se suavicen algunos tributos bajo la advertencia de acudir a los tribunales, repercutir el alza tributaria en los precios y reducir plantillas.

El impuesto de las grandes superficies cambia con respecto al anteproyecto de ley como consecuencia de los cambios exigidos por el informe de los servicios jurídicos y el Consejo Consultivo. Sin embargo, el barniz constitucional no es la única modificación que sufre el impuesto, ya que Hacienda establece hasta cuatro tipos en función de la superficie del centro o área comercial. De esta forma, aquellos comercios que tengan 10.000 metros cuadrados o más tendrán que pagar 14 euros por metro cuadrado; los que tengan una superficie de hasta 5.000 metros pagarán 13 euros; hasta 3.000 metros 11 euros y hasta 2.000 metros 9 euros.

El nuevo gravamen medioambiental sobre los tendidos eléctricos y las antenas de telecomunicaciones también varía con un aumento de los tipos a pagar por cada kilómetro de infraestructura. De hecho, la cuota tributaria más elevada es de 750 euros por kilómetro de tendido aéreo y 650 por el tendido soterrado en redes de transporte de electricidad de tensión igual o superior a los 132 kilovatios. La cuota más barata es de 500 euros para torres y mástiles, antenas, paneles y otros elementos radiantes.

Sanciones a los bancos

El aspecto más llamativo que se introduce en el impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito de Canarias es el régimen de infracciones y sanciones en el caso de que los bancos se lleven los depósitos fuera de Canarias o repercutan el tributo sobre los usuarios. En ambos casos se trata de infracciones muy graves y la cuantía de las mismas estará en función de las cantidades económicas deslocalizadas o repercutidas.

Esta situación ha provocado que se hayan redoblado las críticas y el malestar entre las sectoriales más afectadas y las patronales. Los principales representantes de las organizaciones empresariales se han reunido en los últimos días con los grupos políticos del Parlamento para intentar hacerles ver los perjuicios en el consumo y en el empleo si entra en vigor la subida impositiva sin cambios. Fuentes empresariales reiteraron ayer que el Gobierno ha actuado con "improvisación" y que, lejos de dar marcha atrás en la incidencia de algunos impuesto, "ha empeorado el texto", con lo que si no hay enmiendas que lo mejoren se presentarán los correspondientes recursos ante los tribunales.

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) está a la espera de que el próximo lunes finalice el plazo de enmiendas a la totalidad y parciales para estudiar el contenido de las mismas y la posición de la Consejería de Economía y Hacienda. Tras el duro informe trasladado por la patronal al Gobierno durante el periodo de alegaciones, la posición de los empresarios también se puede endurecer en el caso de que las cosas se mantengan como están. Sin embargo, los grupos políticos que apoyan al Ejecutivo, CC y PSC, están ultimando enmiendas que en algunos casos pueden aminorar el impacto de los impuestos pero con el objetivo de intentar recaudar las cantidades previstas.