Las enmiendas presentadas por los grupos políticos que apoyan al Gobierno regional, CC y PSC, a la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales incluyen cambios sustanciales en los nuevos impuestos medioambientales que reducen su impacto sobre las empresas afectadas. De esta forma, la recaudación prevista por el tributo a las grandes superficies comerciales cae a la mitad, lo que se compensa incrementando los tipos del impuesto sobre los combustibles y revisando al alza algunas tasas. Asimismo, la aplicación del impuesto sobre los tendidos eléctricos se aplaza seis meses, hasta el 1 de enero de 2013.

El tributo a las grandes superficies comerciales no se gravará por los metros cuadrados del equipamiento sino por la isla donde se encuentre ubicado y se aplicarán reducciones de la cuota tributaria en función de la actividad del establecimiento. De esta forma, las grandes superficies establecidas en Gran Canaria y Tenerife pagarán 12 euros por metro cuadrado y en el resto de las islas la cuota oscilará entre los 7,9 euros de Lanzarote y los 2,4 euros de La Gomera y El Hierro.

Los establecimientos dedicados a la venta de vehículos o salas de exposiciones de concesionarios tendrán una reducción de hasta el 70% de la cuota tributaria, mientras que el resto será del 50%, incluidos aquellos cuya actividad comercial principal sea la alimentación. También las enmiendas eliminan la obligación de inscribirse en un padrón, lo que acarrearía más cargas fiscales.

Aplazamiento

En relación con el impuesto sobre los tendidos eléctricos el Pacto ha decidido aplazar su entrada en vigor del 1 de julio de 2012 al 1 de enero de 2013 por la complejidad en la gestión del impuesto.

Esta modulación de los nuevos impuestos no afecta al tributo que grava los depósitos de la banca ni al incremento de los tipos reducido y general del IGIC. Las enmiendas pactadas entre nacionalistas y socialistas con Hacienda no reducen la recaudación prevista por el Gobierno, por lo que los gravámenes que suponen mayores ingresos se mantienen igual.

Los grupos políticos atienden parcialmente las demandas de los empresarios pero no la petición de que se reduzca el IGIC a sectores como el turístico o el transporte.