El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy definitivamente el recorte de 800 millones de euros en el presupuesto autonómico para cumplir los objetivos de déficit, que incluye una rebaja salarial del 5 por ciento a los empleados públicos y subidas de impuestos, entre ellas un aumento del tipo general del IGIC del 5 al 7 por ciento a partir del 1 de julio.
El proyecto de ley de medidas administrativas y fiscales fue apoyado por Coalición Canaria y PSOE y contó con la oposición del PP y del grupo Mixto, en una sesión celebrada mientras en el exterior de la sede del Parlamento decenas de manifestantes convocados por los sindicatos protestaban contra los recortes soplando silbatos y bocinas que se oían en el salón de plenos.
El PP renunció a presentar enmiendas parciales al proyecto de ley después de que la semana pasada se rechazara su enmienda a la totalidad contra el presupuesto, mientras que Román Rodríguez, de Nueva Canarias, portavoz del grupo Mixto, denunció que con este recorte del 2 por ciento del PIB canario el Gobierno regional insiste en "una política fracasada" que empeorará la recesión económica, generará desempleo y perjudicará a los ciudadanos, con riesgo para la cohesión social.
El diputado del PP Jorge Rodríguez manifestó que el recorte es "un atropello" a los ciudadanos, empresarios, autónomos y funcionarios para obtener rápidamente de ellos recursos, sin considerar los efectos sobre la economía canaria, que sufrirá retrocesos en la actividad económica y en el empleo como consecuencias de estas medidas.
Rodríguez dijo que cada Comunidad Autónoma decide cómo ajustarse al objetivo de déficit y el Gobierno canario ha optado por convertir al archipiélago en la segunda comunidad en pago de impuestos, por detrás de Cataluña, en lugar de acometer "la inevitable reforma de una administración sobredimensionada e ineficiente".
No se entiende que sea el propio Gobierno de Canarias el que vulnere el modelo diferencial del Régimen Económico y Fiscal (REF), ni que se incorporen impuestos de dudosa legalidad bajo la fórmula medioambiental cuya única finalidad es recaudatoria ni que se eleve el IGIC en perjuicio directo del sector turístico, argumentó el representante del PP.
El diputado de CC José Miguel Barragán dijo que tiene que haber "un cambio de discurso en Europa" para incidir en la dinamización de la economía, pero subrayó que mientras tanto Canarias, con un margen de maniobra muy pequeño, no tiene otro remedio que ajustar 800 millones de euros, algo que no gusta a ningún gobernante.
Estas medidas de urgencia son "dolorosas y difíciles", pero obedecen un ejercicio de lealtad institucional para que España cumpla el objetivo de déficit, porque "si cae España no se salva ninguna Comunidad Autónoma", dijo Barragán.
El diputado del PSOE Emilio Mayoral justificó el apoyo de los socialistas al recorte "por responsabilidad, porque es lo que toca hacer, porque nos lo exigen y porque no podemos hacer otra cosa".
No obstante, afirmó que la ley es equilibrada en cuanto al esfuerzo fiscal que se pide para la administración, los empleados públicos, los empresarios y los ciudadanos.
En el debate de las enmiendas parciales, Román Rodríguez, de Nueva Canarias, acusó al Gobierno canario de tomar el camino fácil de recortar salarios públicos de forma lineal cuando hay otros caminos, con mejoras en organización, gestión y control de gastos innecesarios y, en todo caso, con una reducción de salarios pactada y progresiva, porque no es lo mismo un sueldo de 60.000 euros que uno de 20.000.
El representante de Nueva Canarias se preguntó qué hará el Gobierno canario con los salarios públicos cuando el ejecutivo central aplique la reducción adicional que le ha pedido el FMI, y advirtió de que la reducción de la capacidad adquisitiva de los funcionarios y la desaparición de 3.000 empleos públicos por el despido de trabajadores temporales deprimirá aún más la economía canaria, de manera que la decisión no sólo es injusta sino contraproducente.
El representante de Coalición Canaria José Miguel Ruano afirmó que este proyecto de ley es "un ejercicio de responsabilidad" para cumplir el plan de estabilidad pactado en el consejo de política fiscal y financiera.
"No son decisiones fáciles, pero hay que tomarlas porque la consecuencia de no adoptarlas e incumplir los objetivos de déficit serían mucho peores", dijo Ruano.
José Miguel Ruano explicó que la reducción salarial garantiza el empleo público y el pago de las nóminas "mes a mes" para hacer viables la sanidad, la educación y la asistencia social, que son los objetivos del Gobierno.
Canarias ya ha ahorrado desde 2008 un total de 2.300 millones de euros, y ahora se trata de aplicar "una política de Estado que nos permita sobrevivir a todos", apuntó.
En cuanto a las subidas de impuestos, Román Rodríguez defendió que el ajuste debe aplicarse con subidas en los impuestos directos, en particular en el tramo superior del IRPF y en el impuesto de patrimonio, algo que "ha hecho ya media España" mientras en Canarias se aplica la fórmula más conservadora e injusta de incrementar los impuestos indirectos.
"Esto lo ha hecho un contable, no hay estrategia política ni análisis económico", dijo Román Rodríguez.
El diputado del PSOE Emilio Mayoral dijo que "en la filosofía" podría estar de acuerdo respecto a que sería preferible subir impuestos directos y no los indirectos, pero argumentó que eso no soluciona la necesidad de generar los ingresos de 250 millones de euros que calcula obtener el Gobierno de Canarias.
Román Rodríguez también se refirió a los "impuestos ambientales", denominación que incluye en esta ley una nueva tasa a las grandes superficies comerciales, pero denunció que no se trata de un impuesto verde, sino de una medida que tiene exclusivamente fines recaudatorios, lo que "bordea la legalidad".
El diputado de CC José Miguel Barragán afirmó que el impuesto a las grandes superficies es legal, al igual que el nuevo impuesto al transporte de energía eléctrica, y defendió que son impuestos verdes porque gravan equipamientos que pueden tener perjuicios para el medio ambiente.
El nuevo impuesto a entidades financieras por los depósitos bancarios no fue cuestionado por Román Rodríguez, aunque advirtió del riesgo de que se repercuta sobre los clientes, que se reduzca la disponibilidad de crédito y que se propicie la deslocalización de los ahorros.
