Dos de cada tres facturas pendientes de pago por la Comunidad Autónoma de Canarias se adeudaban a pequeñas y medianas empresas (pymes). En las Islas el plan de pago a proveedores correspondiente a la Comunidad Autónoma ha supuesto 231 millones de euros destinado a 768 proveedores y 51.498 facturas de las cuales 64 han sido emitidas por personas físicas, 566 por pymes y 138 por grandes empresas.
Los proveedores con facturas pendientes con el Gobierno regional comenzaron a cobrar el pasado miércoles, siendo el Servicio Canario de Salud el principal deudor con más del 80% de los pagos pendientes.
Con el plan de pago de los cabildos y ayuntamientos, Canarias ha abonado 650 millones de euros a proveedores, que tenían pendientes de cobrar 124.150 facturas por parte de las tres administraciones públicas canarias.
La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, señala que esta iniciativa es una "inyección económica sin precedentes" en el tejido económico de las Islas ya que la acumulación de la deuda con los proveedores se estaba acelerando la destrucción de empleo y muchas empresas se han visto abocadas a cerrar por el impago de las deudas. Hernández Bento incide en que se trata de una medida en aras de la transparencia en la gestión y el cumplimiento de pago por parte de las administraciones públicas, que tendrá una repercusión directa en aliviar la compleja situación económica que están atravesando especialmente las pymes y autónomos, que, en opinión de la delegada, son los verdaderamente generadores de puestos de trabajo.
El plan de pago de las administraciones locales, que abonó las facturas pendientes en el mes de mayo, han supuesto 418 millones cantidad que, unida a los 231 millones de la Comunidad Autónoma, elevan a 650 millones de euros la deuda total a proveedores por parte de las tres administraciones isleñas.
Las empresas afectadas por el impago de las facturas por servicios realizados a las administraciones llevan pendientes de cobrar varios años, debido a los problemas de tesorería y liquidez que han afectado a las arcas públicas desde el inicio de la crisis.
