Los trabajadores de Gesplan, empresa pública del Gobierno de Canarias dedicada al planeamiento territorial y medioambiental, han trasladado a la Fiscalía Anticorrupción sus dudas sobre un posible delito en la gestión de la empresa por parte de su gerente, Rafael Castellano.
En un comunicado remitido ayer por el comité de empresa de Gesplan, los representantes de los trabajadores aseguran que hay indicios claros que apuntan a situaciones producidas en los últimos años en la empresa que, cuanto menos, deberían ser investigadas y analizadas por la Audiencia de Cuentas.
Según el Comité, resulta extraño que una empresa que siempre ha tenido "resultados económicos positivos" y que podía ser tachada de "modélica", se haya visto implicada en un ERE que afecta a más de 100 trabajadores. "Alguien del Gobierno de Canarias tendrá que pedir responsabilidades a Rafael Castellano. Si no, podrían convertirse en cómplices", aseguran los representantes de los trabajadores de Gesplan.
El problema va más allá, ya que desde el comité de empresa se asegura que, debido al rechazo público que mostraron contra el ERE los trabajadores de Gran Canaria, los despidos llevados a cabo en esta isla supusieron el doble de los efectuados en Tenerife.
Además, aseguran que el ERE está basado "en previsiones futuras de pérdidas" y que ha afectado a una mayoría de trabajadores que llevan en la empresa "más de 15 años".
Por otro lado, afirman que el Inem no ha aceptado aún los despidos planteados por Gesplan, por lo que califican la situación de "limbo laboral", al entender que es insostenible que 34 familias se vean afectadas porque los trabajadores despedidos no tienen "ni derecho a paro ni derecho a sueldo" por culpa de la decisión del gerente de la empresa.
