El Gobierno de Canarias no aplicará la reducción del 5 por ciento que el Parlamento regional aprobó realizar los empleados públicos de las islas, anunció hoy el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad Francisco Hernández Spínola (PSOE).
Este anuncio lo realizó Francisco Hernández Spínola durante el acto de toma de posesión de Teófilo González González como director general de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana del Ejecutivo canario, en sustitución de Pedro Ramos, y en el que el consejero criticó las últimas medidas aprobadas por el Gobierno central.
El Gobierno de Canarias hace cálculos respecto a lo que representa la paga de Navidad y "de lo que hasta el momento" se conoce, parece que el recorte es superior al 5 por ciento acordado por el Parlamento regional, por lo que no se aplicará la reducción acordada en la Comunidad Autónoma.
También dijo el consejero que se convocará la Mesa General de Empleados Públicos de Canarias para analizar de forma pormenorizada la repercusión de cada una de las disposiciones aprobadas por el Gobierno español.
Hernández Spínola apeló a la responsabilidad de todos los componentes de la Mesa General de Empleados Públicos porque los márgenes "son cada vez más reducidos por imperativo de la legislación básica de aplicación obligada y de que las circunstancias sociales, políticas y económicas obligan a decidir de la forma más consecuente posible".
Canarias, dijo el consejero, es la Comunidad Autónoma peor financiada y sufre las restricciones que la colocan en una situación muy comprometida para poder afrontar sus obligaciones en la prestación de los servicios básicos y poder desarrollar políticas que favorezcan el progreso y los avances sociales.
Las últimas disposiciones del Ejecutivo español, añadió Francisco Hernández Spínola, complican la situación y volver a hablar de esfuerzo y sacrificios resulta doblemente doloroso.
Recordó que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, Canarias votó en contra del nuevo objetivo de déficit para 2013 fijado para las comunidades autónomas en el 0,7 por ciento, con lo que se modificó el del 1,1 por ciento que se había establecido con anterioridad.
Esta decisión implica más ajustes, más sacrificios para la Comunidad Autónoma justo cuando la UE ha relajado el objetivo de déficit para España en un punto porcentual aplazando al 2014 el cumplimiento del 3 por ciento, señaló el consejero.
Este voto en contra significa que Canarias seguirá oponiéndose a medidas que restrinjan derechos y pongan en riesgo de fractura el pacto social, afirmó el consejero, quien agregó que el Gobierno regional trabajará para, en la medida en que pueda, preservar o mantener el empleo público, mejorar el funcionamiento de la Administración asegurar la prestación de los servicios públicos, y dignificar la tarea de los empleados públicos.
En lo relacionado con los empleados públicos, Francisco Hernández Spínola manifestó que el Gobierno de España ha decidido que tienen que trabajar más horas, reducir los días de libre disposición, quedarse sin paga extra de Navidad, ver reducida su percepción en los supuestos de incapacidad temporal y aguardar criterios de movilidad de obligado cumplimiento.
La suspensión o modificación de los convenios colectivos incidirá también en las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Se trata de normativa básica; por tanto, nos guste o no, de obligado cumplimiento, subrayó el consejero.
En opinión de Francisco Hernández Spínola, las medidas citadas son excesivas y aumentan la presión sobre los colectivos que ya soportaban el mayor peso de los recortes, entre ellos, los empleados públicos.
Consideró que algunas de esas medidas podían haberse evitado para reducir la tensión y la desmotivación comprensible que ahora afectará al mismo personal que cada día, con su profesionalidad indiscutible, hace posible la prestación de los servicios públicos a todos los ciudadanos.
Criticó que el Gobierno central ha creado incertidumbre con la paga de Navidad de los empleados públicos, ya que si al principio dijo que sería compensada mediante una aportación a planes de pensiones o contratos de seguros colectivos ahora se supedita, sin fecha definida, a la estabilidad presupuestaria.
