La polémica sobre la necesidad de los residentes en Canarias de presentar, a partir del 1 de septiembre, el certificado de empadronamiento para acceder al descuento aéreo llegó ayer al Congreso. Allí se aprobó un texto instando al Gobierno central a que ponga en marcha cuanto antes medidas alternativas "para evitar perjuicios a los ciudadanos", es decir, que no sea necesario que vayan a sus respectivos ayuntamientos para obtener el documento.

Es la primera vez que la Cámara aprueba una propuesta sobre esta cuestión y, aunque no tiene efectos legales al tratarse de una moción no vinculante para el Ejecutivo, sí muestra el sentir de los diputados sobre una medida discutible sobre la que reclaman que se sustituya lo más rápidamente posible por un sistema de comprobación telemática de la residencia.

La medida está contenida en una amplia moción presentada por la diputada de CC-NC Ana Oramas en materia de transportes en las Islas y viene a resumir el fondo de las reclamaciones realizadas desde el Archipiélago contra la nueva norma, incluida en los presupuestos estatales para 2012 que entraron en vigor el 1 de julio.

El texto de la moción evita todo tipo de crítica o cuestionamiento de la medida, pero sí reconoce de forma explícita que su entrada en vigor en septiembre va a acarrear trastornos a los residentes y que esa situación debe ser corregida por las administraciones.

En concreto, la moción aprobada insta al Gobierno central a que convoque la comisión mixta Canarias-Estado en materia de transportes y así "cerrar todos los términos relativos a la solicitud del certificado de residentes para evitar perjuicio a los ciudadanos una vez que entre en vigor la medida".

Añade que esa comisión tendrá que "buscar las soluciones telemáticas con la firma de los convenios procedentes con las administraciones públicas". Es decir, el Congreso da por hecho que la norma no se aplazará hasta que se tenga el sistema de comprobación telemática, tal como reclamaba Oramas durante su intervención el miércoles en la defensa de la moción, pero al tiempo insta a que los ejecutivos central y regional alcancen un acuerdo que ponga fin cuanto antes a la nueva situación.

Gracias a la tibieza del texto de la moción esta pudo ser aceptada por el PP y aprobada por todos los grupos políticos. Los populares dejaron claro que la moción no podía poner en cuestión la entrada en vigor de la norma en los términos establecidos en la ley de presupuestos, y que tampoco podía poner fecha a la instauración del sistema telemático, sobre el que el ministerio asegura estar trabajando para su puesta en marcha "en los próximos meses". Lo que hace la moción, según el sentir de los diputados, es apremiar al Gobierno para que tenga listo el sistema y que acelere también la firma de los convenios que puedan necesitarse para el cruce de datos con los padrones municipales.

Oramas consideró que este era el paso mínimo que puede darse en el Parlamento español para agilizar el trámite, toda vez que parece imposible paralizar la entrada en vigor de la norma en septiembre. Mientras, el socialista Sebastián Franquis afirmó que la moción no servía para corregir "la auténtica chapuza" que está suponiendo la implantación de esta medida, así como "la incapacidad del ministerio para dar marcha atrás en algo que perjudica a más de 500.000 canarios al año".

Acusó al Gobierno del PP de "hacer pagar a los ciudadanos" el fraude que se ha detectado en algunas compañías en el cobro del descuento y advirtió de las colas que la medida está provocando en muchos ayuntamientos isleños.

No a más inversiones

El PP negó ayer en el Congreso cualquier compromiso de inversión en materia de medidas o infraestructuras relacionadas con el transporte en Canarias y rechazó todas las propuestas que sobre esta cuestión planteaba una moción de Ana Oramas en el Congreso de los Diputados. En concreto, el grupo popular impidió instar al Gobierno central a firmar con Canarias un nuevo acuerdo sobre el convenio de carreteras con una nueva reprogramación, una nueva ficha financiera y la mejora inmediata de algunas partidas.

El PP, sin embargo, sí apoyó el punto en el que se insta al Gobierno a que "en el nuevo modelo de gestión de AENA se garantice, en el caso de Canarias, la participación de las administraciones públicas de las Islas y los agentes económicos y sociales".