La decisión del Ejecutivo regional anunciada el viernes de concentrar el recorte de la paga extraordinaria de Navidad a los empleados públicos en el mes de diciembre no termina de satisfacer a los sindicatos. Según éstos, el Gobierno canario debería dar la posibilidad de que cada trabajador eligiera entre si afrontar la supresión de dicha paga de manera prorrateada, con una reducción mensual de su salario ordinario, o de manera completa a final de año.

"En este tipo de casos las generalidades son malas porque hay familias con niños que igual pueden hacer un esfuerzo cada mes con el fin de contar con un poco más cuando toque la hora de comprar los regalos navideños, y hay otras familias que llegan muy justas a fin de mes", afirma Francisco Bautista, representante de UGT.

Esta opinión es compartida por Manuel Valverde, representante del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), quien apunta que la situación económica con la que los empleados públicos llegarán a estas navidades "dependerá de que las familias puedan ahorrar, de manera particular, cada mes". "El prorrateo de la supresión de la paga extra que al principio plateaba el Gobierno canario fue una decisión que tomó unilateralmente, porque nosotros siempre dijimos que debía ser una elección del trabajador. Ahora, el que se quite enteramente la paga de Navidad en diciembre, pensamos que es la opción menos mala", señala Valverde.

El director general de Función Pública, Aarón Afonso, explica que con la medida que ha tomado el Ejecutivo regional "se contenta" a todos los empleados públicos. "No nos parecía lógico que un trabajador le pida al Gobierno que cada mes le retenga, por ejemplo, 150 euros para luego pagárselos en diciembre", comenta. Para Afonso, el que un empleado público llegue a Navidad con más o menos dinero es cuestión de madurez. "Entendemos que los empleados públicos tienen madurez suficiente para que, aquellos que prefieran ahorrar estos meses una cantidad de su sueldo y destinarla a la Navidad, pueden hacerlo ellos mismos, organizándose. No nos parece más operativo que sea la empresa la que guarde cada mes ese dinero para dárselo en diciembre", afirma el director general de Función Pública.

Por su parte, Francisco Bautista anunció que, desde UGT, la federación de empleados públicos presentará un recurso contencioso administrativo en contra del decreto ley dictado por el Gobierno central que suprime la paga extraordinaria de Navidad a los empleados públicos. "Entendemos que es un derecho irrenunciable, como lo son las vacaciones, recogido, además, en el propio estatuto de los trabajadores y por ello consideramos que no se puede llevar a cabo", afirmó.

El representante de UGT argumenta que "hay empleados públicos que ya están generando la paga extra desde hace varios meses, lo que supondría que nos están quitando dinero con carácter retroactivo y consideramos que esa es una decisión inconstitucional, que vamos a denunciar para que sea el juez el que decida".

Esta medida en los tribunales será respaldada en las calles con nuevas protestas y concentraciones anunciadas por parte de los funcionarios. "En septiembre retomaremos nuestras muestras de rechazo porque no somos los culpables del déficit que tienen las administraciones públicas y tiene que quedar claro que no es en los sueldos donde se ha despilfarrado el dinero", afirma de manera contundente el representante de Sepca.

Un proyecto de futuro

El director general de Función Pública, Aarón Afonso, especificó ayer que el plan de modernización de la administración general "no contempla" sistemas que evalúen el rendimiento de los empleados públicos y que los incentivos a la productividad "forman parte de un proyecto de futuro". "Toda administración moderna debería retribuir a sus empleados en función de su rendimiento pero esto no es algo que esté contemplado como eje del plan de modernización de la administración general, ni tampoco se recoge el que se vayan a realizar evaluaciones periódicas cada seis meses", aclaró.

Afonso precisó que "dentro de las siete líneas que se recogen en el plan de modernización, en ninguna se plantea poner en marcha un sistema de evaluación del desempeño", pero que si en un futuro se estudiara esta medida "primero habría que hablarlo con los sindicatos y los empleados públicos". "Una cosa es que se quiera aumentar la productividad de los empleados públicos y otra que el mismo plan ligue qué parte de sus retribuciones van a ir a esa productividad", señaló el director general de Función Pública.