Los ayuntamientos canarios no podrán gastar en sueldos más de un tercio de su presupuesto, lo que aboca a cerca de la mitad de los municipios isleños a realizar ajustes de salarios y plantillas. La amenaza de expedientes de regulación de empleo (ERE), reducciones de sueldos y complementos retributivos y la externalización de servicios públicos por empresas privadas se intensificarán en los próximos meses, ante la imposición del Estado para que las corporaciones locales cumplan con los planes de saneamiento financiero a los que les obliga Hacienda.

Los datos de la liquidación provisional de los presupuestos de 2011 del Ministerio de Hacienda reflejan que el gasto de los ayuntamientos canarios en nóminas sigue siendo muy elevado y el Estado quiere que este gasto se reduzca para poder cumplir con los criterios de déficit público. El capítulo I supone más del 40% del gasto total en la mayoría de los 88 ayuntamientos canarios, mientras que en 38 de ellos supera la mitad de los ingresos, situación que se tendrá que corregir para seguir recibiendo fondos del Estado o acceder a créditos.

Desde la Federación Canaria de Municipios (Fecam) se admite que a Gáldar, La Aldea o La Oliva les acompañarán otros ayuntamientos en los próximos meses en la presentación de expedientes de regulación de empleo (ERE). Ningún alcalde admite que vaya a llegar a esta situación pero ya se comenta que ayuntamientos como Pájara, Valle Gran Rey, San Bartolomé o Santa Cruz de La Palma lo tienen muy complicado y deberán reducir obligatoriamente sus estructuras de personal sea a través de reducciones de plantilla o de externalizar servicios como hizo La Oliva.

Incertidumbre

El vicepresidente segundo de la Fecam y alcalde de Agaete, Antonio Calcines, reconoce que la situación en los ayuntamientos canarios es de "incertidumbre" ante lo que se avecina en el municipalismo como consecuencia de los ajustes y por la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. El mes de septiembre será decisivo ya que los 88 alcaldes canarios tendrán una reunión con el presidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero, y antes de finalizar el mes las corporaciones municipales tendrán que presentar sus planes de saneamiento e intentar pactar con el Ministerio de Hacienda los principales criterios de la nueva ley.

Por su parte, el vicepresidente cuarto de la Fecam y alcalde de Puerto del Rosario, Marcial Morales, advierte que el principal problema al que se enfrentan los municipios no es el de la deuda sino el de los costes fijos -personal y bienes corrientes- que necesariamente se tendrán que reducir en el plazo de un año si el Estado no cede en su empeño de reducir el gasto público.

Una de las cuestiones que más critica Morales entre las medidas del Estado es que los cabildos asuman competencias de los municipios pequeños. El primer edil majorero advierte que "la asunción de nuevas funciones por parte de los cabildos no debe ser en detrimento de los fondos destinados a los ayuntamientos que sí prestan sus servicios". En su opinión, ya hay municipios que están a la espera de que entre en vigor la ley para ceder los servicios sociales a los cabildos.