El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado presentar una queja ante la Comisión Europea al estimar que la autorización a Repsol por parte del ejecutivo central para realizar prospecciones petrolíferas cerca de las costas de Lanzarote y Fuerteventura vulnera el derecho comunitario.

El portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, anunció además que los servicios jurídicos están terminando una demanda ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se otorgaron los permisos de investigación a la petrolera.

Anteriormente, el Tribunal Supremo ha fallado dos recursos en contra del Gobierno de Canarias, pero Martín Marrero precisó que en los dos casos no se ha entrado en el fondo del asunto, sino que se trataba de incidentes de ejecución, y por tanto en ningún caso han sido avaladas las prospecciones.

La superficie total de los nueve permisos de investigación otorgados a Repsol abarca 6.160,6 kilómetros cuadrados, pero ninguno de ellos supera la superficie máxima de 1.000 kilómetros cuadrados previstos en la ley, según argumentó Martín Marrero.

La queja ante la Comisión Europea se produce después de que las alegaciones presentadas por el Gobierno de Canarias contra el decreto no han sido respondidas por el Gobierno de España, dijo.

El Gobierno de Canarias alega que el real decreto no fue sometido a la directiva de evaluación ambiental estratégica, pese a que las prospecciones tienen efectos significativos sobre el medio ambiente e inciden en espacios, lugares o zonas del archipiélago protegidos por la directiva de hábitats de la UE.

El real decreto tampoco fue sometido a la directiva de autorizaciones de prospecciones de hidrocarburos, lo cual supone también un incumplimiento o violación del derecho de la Unión, según el ejecutivo regional.

El incumplimiento de esos requisitos no desaparece ni se subsana por la posibilidad de futuras evaluaciones medioambientales, como ha argumentado el Gobierno español, indicó Martín Marrero.

El portavoz dijo que si la Comisión Europea atiende la queja del Gobierno de Canarias, deberá dirigirse al Gobierno de España para revocar las autorizaciones a Repsol.

Si el Gobierno español no las revocara, la Comisión podría denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vulneración de la normativa comunitaria, agregó.