La política de adelgazamiento que quiere aplicar el Gobierno central a los ayuntamientos pone el acento en los sueldos de alcaldes y concejales. El Estado plantea que las nóminas de la corporación municipal no podrán superar en ningún caso el 0,6% del total de gastos del presupuesto municipal. Esta iniciativa dejaría a al menos 43 de los 88 ayuntamientos canarios con menos de 50.000 euros para pagar a sus cargos públicos.

Un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige Cristóbal Montoro, propone limitar los salarios de los plenos municipales, una medida que cerraría la puerta a que los consistorios con menos población puedan tener un alcalde o concejales liberados, es decir, que perciban una retribución por dedicarse en exclusiva a ejercer sus labores de servicio público. De este modo, la remuneración de los cargos públicos locales podría quedar reducido a su mínima expresión o ser nulo.

Hasta ahora los salarios forman parte de la autonomía de cada corporación local. La reducción de los jornales de la corporación al 0,6% de las cuentas municipales afecta, sobre todo, a los ayuntamientos que tienen 10.000 habitantes o menos. En Canarias 43 ciudades están por debajo de este volumen demográfico. Por ende, manejan presupuestos más austeros, a diferencia de consistorios como el de La Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, que disponen de 296,1 millones de euros y 184 millones, respectivamente, por lo que gozan de mayor margen para sufragar a sus corporaciones.

En el caso de administraciones que se sitúan en la horquilla de los 5.000 residentes, tales como Agaete (Gran Canaria), Haría y Tinajo (Lanzarote), Breña Baja y Los Silos (Tenerife), Valverde (El Hierro), con presupuestos anuales que rondan los seis millones de euros, pasarían a tener entre 30.000 y 40.000 euros para gastos de representación política.

Las ciudades donde residen algo más de mil personas, como El Pinar (El Hierro), Agulo (La Gomera), Vilaflor (Tenerife) y Artenara (Gran Canaria), contarían con entre 10.000 euros y 15.000 euros al año para pagar a su alcalde y ediles. No obstante, el municipio más perjudicado por esta disminución de la partida salarial en sus cuentas sería Betancuria, en Fuerteventura, que con apenas 839 vecinos, sólo tendría 8.692 euros para pagar a todos sus cargos públicos.

La intención del Gobierno presidido por Mariano Rajoy se recoge en un informe dado a conocer en el Consejo de Ministros del pasado 13 de julio. El documento apunta en un párrafo que ningún alcalde ni presidente de cabildo podrá cobrar más que un ministro (68.981 euros) ni las retribuciones de la corporación municipal podrán suponer más del 0,6% del total de gastos del presupuesto local.

Sin embargo, esta anotación no se recoge en ningún texto del anteproyecto de Ley del Estado para la racionalización y sostenibilidad de la administración local.

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) está de acuerdo en la necesidad de reformar la estructura de los ayuntamientos y los salarios en función del presupuesto y población de cada institución, pero rechaza el tope salarial planteado por el Estado. Así lo afirma el presidente de la Fecam, Manuel Plasencia, que espera que Rajoy no aplique esta medida.

La misma opinión comparte el alcalde de Puerto del Rosario y vicepresidente de la Fecam, Marcial Morales, que, no obstante, admite que "la inmensa mayor parte del presupuesto debe destinarse a dar servicios a los ciudadanos y una parte ínfima a sueldos de concejales y alcaldes". Morales está convencido de que "la mayor parte de los que ejercen un cargo público no lo hacen por dinero".