La chispa es peor con pólvora

Nada es lo que parece, y en cuanto se reúnen dos personas y lían la hebra sale el tema de los engaños, dándose por seguro que cualquier desmentido es, sensu contrario, la confirmación de que lo que se niega ha sido ratificado. Pero hay una cuestión que ha producido en las Islas un plus de cabreo: la exigencia del certificado de residencia según el modelo burocrático del siglo XIX, en plena era de Internet, y un acuerdo del Senado a propuesta del PP que garantiza el descuento a los residentes "siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias", algo que es consustancial con todas las actividades del Estado.

Pero las "disponibilidades presupuestarias" las hay o no las hay según las prioridades que establezca el Gobierno. El Consejo de Ministros ha establecido, por Real Decreto Ley de 12 de septiembre como prioritario pagar 1.783 millones de euros al sector de la industria del armamento, al que pertenecía hasta su nombramiento por Rajoy el ministro de Defensa, Pedro Morenés, mientras que no lo ha hecho con otras deudas contraídas como la Ley de la Dependencia o los pagos a las farmacias que han suministrado los medicamentos a los asegurados, o los proveedores municipales, que siguen con la mano extendida. La empresa en la que trabajaba Morenés como uno de sus altos ejecutivos, Instalaza, fabricaba, entre otros productos, bombas de racimo. Como fueron prohibidas por el Tratado de Dublín, y el Gobierno Zapatero canceló los pedidos, la compañía anunció que reclamaría una indemnización por "daño emergente y lucro cesante". El diputado socialista de la Comisión de Defensa, Diego López Garrido, acusó al ministro de "pagar lo que él mismo encargó siendo secretario de Estado de Defensa con Aznar". La realidad es que toda la oposición, e innumerables colectivos, han criticado esta excepción a que todos los españoles se aprieten el cinturón por igual.

Viajar es vital

La explicación que han dado la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el ministro de Industria, Turismo y Comercio, el teldense José Manuel Soria, es que se trata de evitar el fraude y combatir la picaresca: hay antiguos residentes que han dejado de serlo, pero que no figuran en el DNI, que caduca cada cinco años. Por lo tanto, hay un margen para la picaresca. Pero tanto el Gobierno de Canarias -que lo ha considerado casus belli- como todos los partidos a excepción del PP han exigido que esa sospecha se controle mediante el cruce de información electrónica. El padrón de habitantes es el único documento que atestigua si se está domiciliado en tal municipio o en cual otro. Introduciendo los datos en el ordenador, las terminales de aeropuertos o puertos pueden detectar a los presuntos aprovechados? Que hasta que Fomento lanzó esta operación certificado eran dos empresas aeronáuticas y algunas agencias de viajes las que se habían puesto del lado oscuro.

Pero el 13 de septiembre el PP dio otra vuelta de tuerca que hizo saltar todas las alarmas. El Senado aprueba con sus solos votos una propuesta contradictoria: por una parte manifiesta el deseo de mantener las bonificaciones, pero por la otra las circunscribe a "siempre que haya disponibilidades presupuestarias". Esa frase constituye, para los portavoces de CC, PSOE y otros partidos, una "puerta abierta" para un hachazo. El día anterior Ana Pastor afirmaba que "1.809 isleños habían utilizado más de treinta veces los descuentos de residentes en 2011". Por cierto: ¿descontó las idas y venidas de diputados y senadores o los incluye en el común? Por lo menos, no los ha citado como excluidos.

El presidente canario Paulino Rivero le contestó a vuelta de correo electrónico en su blog, recordándole que ese año, 50.773 pacientes médicos se vieron obligados a viajar entre las islas o entre las islas y la península, y que, igualmente, lo han hecho deportistas para participar en competiciones o entrenamientos, profesionales, estudiantes que siguen sus carreras fuera de su domicilio o isla, etc. En esa relación hay que contemplar a los funcionarios que, por razones de la insularidad, tienen que trasladarse a las dos co-capitales o en ellas entre sí.

Todas las reacciones del CC y el PSOE, y los más diversos colectivos, sin excepción, apuntan a que el PP "no da puntada sin hilo", y que las declaraciones de Pastor, como las de Soria y la desconcertante iniciativa del Senado, que dice una cosa y su contraria, hacen sospechar lo peor. "Esta gente no entiende nuestras peculiaridades; y si siguen metiendo la pata van a crear un serio problema donde no lo hay", comentaba un vecino de asiento en un vuelo de Ryanair a Madrid a mediados de septiembre.

-Ya lo han hecho en Cataluña y en el País Vasco. Cada vez que ganan, suben los nacionalismos como la espuma. Está escrito: muchos dijimos que Rajoy iba a tener que gestionar los procesos independentistas de vascos y catalanes.

El corresponsal de LA PROVINCIA en Madrid, Joaquín Anastasio, se hacía eco al día siguiente de la insólita propuesta del Senado, de la reacción ante el galimatías: "El texto aprobado por los populares condiciona el mantenimiento del actual sistema de subvenciones del 50 % del precio del billete a las 'disponibilidades presupuestarias'. Algo inédito hasta ahora y ante lo que el Gobierno de Canarias respondió tachando la propuesta de 'nuevo atropello' a las Islas que contraviene el precepto constitucional de la cohesión territorial del Estado, explicó el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero. El presidente Paulino Rivero fue más allá: 'Si eso es así definitivamente no nos entienden [a los canarios]'. Si se confirma 'es una declaración de guerra".

Sebastián Grisaleña, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de Las Palmas se niega a considerar la posibilidad de que el PP esté pensando en suprimir la ayuda a los desplazamientos. "Sería un caos, la chispa que podría encender un serio conflicto. Lo de los certificados nos ha devuelto a hace 30 años, quitar esta conquista de todos los isleños nos haría retroceder medio siglo. Toda esta estrategia de Madrid de enfrentamiento con las Islas va generando un rechazo, podría ser el fósforo que encendiera la mecha y que diera alas, por ejemplo, a los independentistas".

El nivel actual de bonificación en el coste del billete, recordaba Joaquín Anastasio, es el resultado de un acuerdo entre el Ejecutivo de Rivero y el de José Luis Rodríguez Zapatero en la pasada legislatura. Entonces se pasó del 33 al 50 %. Las ayudas para viajes interinsulares desde 1998 era solo del 10 %. "La moción aprobada por los populares tiene la teórica finalidad, según los senadores del PP, de "ampliar los objetivos" de la que se aprobó el pasado 5 de junio a iniciativa del senador de CC Narvay Quintero, instando al Estado a mejorar la conectividad y el transporte en Canarias. Pero lo cierto es que uno de los puntos de este nuevo texto deja claramente la puerta abierta al recorte de las subvenciones aéreas al instar al Gobierno de Mariano Rajoy a "mantener, siempre que sea compatible con las disponibilidades presupuestarias, el régimen de bonificaciones a los billetes de avión de los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla". Es como la rueda cuadrada: ¿cómo se mejora la conectividad renunciando al principio, que es el fuero, el 50 por ciento garantizado, e introduciendo una cláusula que incluye la obviedad de que todo depende en esta vida de que haya o no dinero?

Complicar lo sencillo

Con motivo de los recortes, y para tratar de demostrar la insensatez y la falta de necesidad de muchos de ellos, circula por la red un muestrario de estupideces con las que se ha tratado de solucionar determinado imprevisto, y la solución más efectiva, simple y económica. El caso del certificado tiene bastante semejanza con el caso de la caja de jabón vacía, que ilustra dos métodos de gestión antagónicos para tratar un mismo desafío.

En una de las mayores empresas de cosmética de Japón se recibe la queja de un consumidor que protesta porque compró una caja de jabón? vacía. De inmediato la dirección de la compañía detecta el origen del fallo: la cadena de montaje que transportaba las cajas empaquetadas al departamento de reparto. Por alguna razón una caja vacía se coló en medio de las llenas.

"Los altos cargos", narra uno de los voluntarios de la red, "pidieron a sus ingenieros que buscaran una buena y rápida solución. Los técnicos propusieron una máquina de rayos X con monitores de alta resolución, manejados por dos operarios, que detectaran si las cajas contenían jabones o aire. "Sin duda, trabajaron duro y rápido".

Pero en las fábricas niponas es habitual plantear también estos temas a los trabajadores, como me comentó en Tokio uno de los directivos de Toyota. Toyota ha mejorado muchos procedimientos por las sugerencias de sus empleados, que suelen cobrar un premio si sus propuestas ayudan a mejorar la calidad y ahorrar costes. Pues bien, a un empleado se le ocurrió otra idea más simple: "Compró un potente ventilador y lo apuntó hacia la cadena de montaje, encendió el aparato, y mientras las cajas llenas no se movían, las vacías salían volando".

Algo parecido a lo que hizo la Japan Tuna para afrontar la marejada de la gran crisis nipona de los años 80. Enviaban al puerto de La Luz varios barcos al año cargados de boyas para las redes; como tuvieron que reducir gastos, en vez de embarcarlas hinchadas las transportaban vacías, y se hinchaban en Gran Canaria. Ello ahorró millones de yenes, y redujo el número de buques necesarios para este avituallamiento. No se les ocurrió suprimir las boyas, porque entonces se habrían perdido las redes.

Con respecto a los descuentos de viaje a los canarios, el Gobierno de Rajoy no solo ha empleado un método obsoleto y despilfarrador -reactivar el modelo decimonónico de los certificados en papel es costoso para las administraciones y para los ciudadanos, que han de perder, en conjunto, cientos de miles de horas de trabajo, haciendo colas, que sin duda repercuten negativamente en la productividad y el PIB- sino el más molesto y "humillante", como ha denunciado el presidente Paulino Rivero. Cruzar los datos actualizados del padrón equivaldría al ventilador propuesto por el anónimo trabajador japonés o a la brillante idea de inflar las boyas en la base de los pesqueros para ahorrar en su traslado desde los lejanos puertos japoneses.

Nacionalismo durmiente

Tras las elecciones del 22 de mayo de 2011 el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó una encuesta en el Archipiélago para tratar de averiguar cómo es en la actualidad el binomio españolidad- canariedad y si ha habido algún desequilibrio en la ecuación. El 53,9 % de los encuestados se siente igual de español que de canario; un 24 % se siente más canario que español y un 7 % dice que es solamente español. Sólo un 4,5 % se declaró nacionalista. El 51,7 %, como recuerda el repaso efectuado por el periodista Rubén Acosta en LA PROVINCIA del domingo 23 de septiembre, está conforme con el actual paradigma autonómico, aunque un 20,5 % apuesta por un mayor poder regional. Aplastante mayoría, pues, de esta posición intermedia. Los defensores de la vuelta al centralismo son el 9,3 % y los independentistas no llegan al 3 %. Una anterior encuesta del CIS, en 2010, ofrecía parecidas conclusiones: casi el 96 % de los canarios se sentía orgulloso de serlo en la doble dirección.

Pero la historia reciente del Archipiélago demuestra que son posibles las sorpresas, los chispazos, aunque no se prenda la pólvora. Sin duda, fue la organización de la democracia y el Estado autonómico lo que disolvió como un azucarillo la oleada comunista-independentista que era el substrato de Pueblo Canario Unido (PCU), la fuerza más votada en LPGC en 1977, y después de la Unión del Pueblo Canario (UPC), que tuvieron unos años de esplendor tras las municipales y generales de 1979: Manuel Bermejo fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Fernando Sagaseta, diputado en el Congreso, el hombre que con su antítesis, Tejero Molina, lograba poner de los nervios al general Gutiérrez Mellado. Aquel nacionalismo fue desapareciendo, hasta trasvasarse y convertirse en otra cosa con un instrumento electoral pensado para alcanzar y perpetuarse en el poder regional en no muy santa alianza de la izquierda con la burguesía isleña: Coalición Canaria. Esta organización, CC, adoptó el posibilismo táctico, dejando en el cofre de las esencias las siete estrellas verdes "ay, mamá, bandera tricolor", que sacan de vez en cuando para orearla y aviso a mareantes.

Sin duda, el autogobierno enmarcado en el Estatuto, y las singularidades contenidas en el REF actualizado en Europa, en el protocolo de integración en la CEE, ahora Unión Europea, y otras singularidades derivadas de la condición ultraperiférica y archipielágica, o sea, con el mar por medio, como las bonificaciones al transporte aéreo o marítimo, han formado un corpus que ha ido cimentando la satisfacción (o la tranquilidad) y el orgullo por compartir la condición de españoles y canarios.

La ministra Ana Pastor, y su colega José Manuel Soria, han ignorado la esencia de la singularidad con la tinta de calamar vertida para justificar el retorno del certificado de residencia y esa trampilla abierta al recorte de un derecho adquirido, "e irrenunciable", como no se cansan de repetir hasta miembros del PP. El diputado de Nueva Canarias (NC) Pedro Quevedo reflexiona sobre "las trampas con las que se trata de ocultar la verdad; es un insulto a nuestra inteligencia y un ataque frontal a nuestros derechos". Y seguía: "Esto demuestra que no nos conocen, que no acaban de entender qué es Canarias y qué pasa aquí. Ahora nos están descubriendo".

La disculpa de que hay casi dos mil isleños que han viajado hasta treinta veces en un año es para María Luisa, una funcionaria, "la prueba del algodón de que o estamos ante unos ineptos o ante unos tramposos". "Muchos funcionarios nos tenemos que desplazar desde las islas menores a las dos capitales; y hay miles de chicos y chicas de La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, que estudian en Tenerife o Gran Canaria y que, como es lógico, tienen todo el derecho del mundo para ir y venir a sus hogares cuando puedan. ¿Y los enfermos crónicos que tienen que ir cada cierto tiempo a los hospitales de referencia? ¿Y los políticos, qué me dice usted de los políticos que no se bajan del Binter?"

Antecedentes históricos

Un personaje tan poco sospechoso de demócrata y progresista como el último cacique -después solo ha habido sucedáneos y pintorescas emulaciones de quiero y no puedo- Matías Vega Guerra, un hombre del Régimen que fue presidente del Cabildo, gobernador civil de Barcelona -de donde salió a la fuerza tras un enfrentamiento con el vicepresidente Muñoz Grandes-, embajador en Venezuela y Trinidad y Tobago? ya criticaba en pleno franquismo, 1958, el "inmoderado afán centralista de la uniformidad", en el prólogo a la obra del ingeniero Simón Benítez Padilla sobre las obras hidráulicas de Gran Canaria. En aquel lejano entonces afirmaba Vega Guerra que las condiciones insulares "reclaman la implantación de condiciones económicas y administrativas que se adapten a las características de su insularidad?", a la vez que criticaba el "aletargamiento" del régimen de Puertos Francos.

Hay otro episodio olvidado en las hemerotecas. El 20 de junio de 1972 se celebró la primera reunión de la comisión de las Cortes que habría de dictaminar, para su pase al pleno, el proyecto del nuevo REF, el posteriormente conocido como Ley 30/1972 de 22 de julio. Unos procuradores peninsulares, entre ellos el gallego, de Lugo, Pedrosa Latas, a la sazón alto cargo en el monopolio de tabacos, empezó a poner trabas, lo mismo que después mirarían con lupa las palabras para crear un metalenguaje que no confundiera el REF ni siquiera con el regionalismo, que aún era una de las bichas oficiales, virus contra la unidad indestructible de la patria. De repente, Juan Pulido Castro, presidente del Cabildo y, por ello, procurador, hombre de carácter a veces explosivo, saltó del asiento y retumbó su vozarrón con autoridad de catedrático: "El Archipiélago no es una colonia". Fiel dirigente local del Movimiento Nacional -el partido único de la época- su verbo encendido provocó un terremoto en la sala, y en los cronistas madrileños. Pedrosa Latas se sintió aludido y, rápidamente, replicó que no, que no se le había entendido, que él quería mucho a Canarias, que en efecto Canarias no era una colonia de España, y llamó esa misma noche al embajador Vega Guerra para explicarse en LA PROVINCIA, cuyo enviado especial le entrevistó en su despacho de Tabacalera. El diario Ya, influyente medio católico -matriz de la COPE- consideró como "peligrosa" la frase de Pulido Castro. Pero hubo casi unanimidad en la valoración que los unos y los otros hicieron al periodista de LA PROVINCIA en su oficina del hotel Palace: "Sí, hay que tener cuidado con el sentimiento de humillación". El almirante Carrero Blanco, mano derecha de Franco, entendió el dilema y se convirtió en uno de los protectores del lobby canario en las Cortes, y fue decisivo para que el REF se convirtiera en Ley y constituyera el primer antecedente del Estatuto de Autonomía, creando, incluso, una hacienda propia (lo que ahora, cuarenta años después, reclaman los soberanistas catalanes) basada en los arbitrios gestionados por la JIAI (Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares), dedicada a la recaudación, y la JEIC (Junta Económica Interprovincial de Canarias), dedicada a la planificación y organización.

Rivero advierte

El presidente canario, Paulino Rivero (CC), es rotundo contra el acuerdo del Senado y contra las contradictorias declaraciones emanadas desde el Ejecutivo: "No sabemos si el Estado actúa de mala fe, lo cual sería gravísimo, o por simple ignorancia, pero en ambos casos la consecuencia es la misma: un castigo a más de dos millones de personas. Una vez más el PP aleja a Canarias de España". La posible desaparición o disminución del descuento, asegura a LA PROVINCIA, "contará con nuestro rechazo absoluto, y con el de todos los agentes económicos y sociales de esta tierra".

La Teoría de la Avalancha tendría en el episodio de los certificados otro ejemplo de libro.

(tristan@epi.es)