El Ministerio de Hacienda abre la puerta a medidas de ajuste extraordinarias para las comunidades que acuden al Fondo de Liquidez Autonómico, como es el caso de Canarias. Además del deber de alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de limitar la deuda pública, el Gobierno central obliga a la Comunidad Autónoma a pagar a sus proveedores en los 40 días fijados por ley y no retrasar los pagos en 108 días como denuncian las empresas y autónomos. Asimismo, por primera vez desde que se inició el Estado de las Autonomías, el Gobierno central tendrá acceso a todos los gastos de personal y a la situación real de las empresas públicas de la Administración autonómica.
Hacienda estrecha su cerco sobre el control del gasto de la Comunidad Autónoma. La reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Orden Ministerial publicada por el BOE este viernes no dejan ningún resquicio fuera de la inspección estatal. Las comunidades rescatadas tienen que estar al día de sus facturas pendientes y no demorar los pagos más allá de lo permitido. Muchos proveedores y empresas que prestan servicios a la Administración regional se quejan de retrasos de hasta 108 días por encima de los plazos estipulados en la Ley de Morosidad. Con el rescate, Hacienda impone si es necesario más recortes a los planes de ajustes ya aprobados, entre otros motivos para cumplir con las obligaciones de pago a los proveedores.
En la Orden de Hacienda publicada el pasado viernes por el BOE, la Administración estatal da una vuelta de tuerca más a la fiscalización de las cuentas autonómicas y por primera vez contará con información detallada sobre los gastos de personal que, en el caso de Canarias, absorben más del 20% del presupuesto regional.
Listado de cargos y asesores
Hacienda exige tanto el desglose detallado de las retribuciones como el listado del personal, incluyendo los altos cargos, el personal de confianza, asesores, personal directivo de las empresas públicas y todas la categorías laborales que trabajan para la Comunidad Autónoma. Incluso Hacienda tiene la posibilidad de acceder a la información que conste en sus respectivos registros de personal.
Otro aspecto hasta ahora vedado al Estado es el inventario de los entes del sector público tanto autonómico como local. Hacienda exigirá a partir de ahora información sobre cualquier cambio que se introduzca en el sector público, sea la creación, extinción como la modificación del sector público, llámese empresas públicas, organismos autónomos, entidades, agencias, sociedades mercantiles, fundaciones o consorcios. Esta información incluye todos los datos referidos a las competencias, recursos, presupuesto, personal y composición.
El principio de transparencia que rige la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Orden ministerial que la desarrolla implica que por primera vez se van a publicar en la página web del Ministerio de Hacienda la información sobre la ejecución presupuestaria o el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Igualmente se dará publicidad a los planes económico financieros, los planes de reequilibrio y los planes de ajustes aprobados.
