Un colectivo de 52.229 inmigrantes irregulares ha perdido finalmente su tarjeta sanitaria en Canarias por la aplicación del decreto de medidas de ahorro que aprobó el Gobierno central, si bien la mayoría de ellos ni siquiera reside ya en las islas, según cálculos de la comunidad autónoma.

En concreto, la Consejería de Sanidad estima que un 70 % de esas 52.229 personas no reside ya en territorio canario y basa esa apreciación en el hecho de que se trata de pacientes que no han usado la tarjeta "en un amplio periodo temporal", según ha explicado la secretaria general del Servicio Canario de la Salud, Zaira Gil.

En una convocatoria para informar de cómo afecta finalmente en el archipiélago el decreto al colectivo inmigrante, después de que durante más de un mes se trabajara en contrastar datos sobre los afectados entre las administraciones canaria y estatal, Zaira Gil ha destacado que, en todo caso, en las islas se establecerán protocolos para no dejar a nadie sin asistencia sanitaria.

"El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha dado instrucciones precisas a todos los centros sanitarios para que no se deje de atender a este colectivo", ha subrayado al respecto.

Gil ha precisado que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social el que ha ordenado dar de baja a esos 52.229 extranjeros, al ser competencia suya y no del Gobierno autónomo decidir a quién se conceden o retiran las tarjetas sanitarias, y que su mandato ya se ha hecho efectivo esta misma semana desde el SCS.

Este departamento autonómico, no obstante, "pretende dar solución a la situación en la que se encuentran los extranjeros en la comunidad de Canarias en materia sanitaria" y, por ello, ha previsto distintas fórmulas para garantizar que se no se deja de atenderles.

Según ha expuesto Zaida Gil, en principio, la asistencia sanitaria será gratuita para esos extranjeros en varios supuestos especiales que prevé el propio decreto por el que se ordenó la retirada de sus tarjetas, así como en los procesos abiertos y las listas de espera generadas con anterioridad a la entrada en vigor del mismo y en los casos de enfermedades infectocontagiosas.

En caso de no estar en ninguno de esos supuestos, "se procederá a facturar al país de origen o a un tercero obligado al pago, si es posible", ha añadido.

Sin embargo, ha matizado que, "para el resto del colectivo, el SCS habilitará dos vías", la primera de ellas consistente en que "para los extranjeros con recursos se habilitará el convenio especial (previsto en el propio decreto para que paguen por los servicios que usan), una vez que por orden ministerial se desarrollen su contenido y su coste".

En cuanto a los extranjeros sin tarjeta sanitaria que no tengan recursos para pagar esos servicios, ha indicado que podrán acogerse a "un programa especial de salud pública y de prevención de la enfermedad".

Programa en el marco del cual desde el SCS se les dará "el tratamiento básico de su enfermedad y la farmacia hospitalaria", facilitándoles así los medicamentos imprescindibles para resolver su problema de salud, ha declarado.