La Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas ha urgido hoy a los senadores y diputados nacionales de las islas a aprovechar la reforma de esta norma para exceptuar de su aplicación a Canarias, como se ha hecho con otros territorios del país.
Así lo ha manifestado a Efe el presidente de esta plataforma, recién constituida, el abogado José Luis Langa, quien ha subrayado que la reforma de la Ley de Costas de 1988 pretende "recortar la historia del pueblo canario, que vive y morirá en el mar".
En opinión de Langa, el desalojo de las nueve viviendas que quedaban en el poblado costero de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de La Candelaria, que ha tenido lugar a primeras horas de hoy, "es un derribo anunciado" con el que se ejecuta una sentencia firme del Tribunal Supremo.
Sobre el caso de Cho Vito, el abogado y también presidente de la Asociación Europea de perjudicados por la Ley de Costas, ha destacado que los vecinos desalojados "no se quedarán en la calle" porque, según tiene entendido, el Ayuntamiento de La Candelaria ha ofrecido viviendas de protección oficial para su realojo, si bien ha añadido que los afectados quieren nuevas viviendas en propiedad.
José Luis Langa ha aludido a otros núcleos residenciales de Canarias afectados por la Ley de Costas, por ubicarse en zonas de dominio público, sobre los que también pesan sentencias firmes, entre ellos los de Ojos de Garza y Tufia, ambos en el municipio grancanario de Telde.
Sin embargo, ha destacado que en estos casos parece existir una "entente cordiale" entre los vecinos y el Ayuntamiento, lo que, en su opinión, evitará derribos y permitirá realojarlos en otros lugares que ya ha ofrecido la corporación municipal.
En cualquier caso, Langa ha recalcado que el objetivo de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas es que el archipiélago quede excluido de la reforma de esta norma, cuya tramitación se encuentra en la fase de presentación de enmiendas.
El presidente de la plataforma ha considerado "una barbaridad" que islas como Formentera hayan quedado excluidas de esta reforma legal y no se aplique el mismo criterio a Canarias, pese a que, a su juicio, es la comunidad autónoma más perjudicada por esta ley, con 150.000 ciudadanos afectados.
Para esta plataforma, de esta forma se pretende "borrar la historia del pueblo canario" que ha vivido siempre cerca del mar.
