Unos 112.000 niños viven bajo el umbral de la pobreza en Canarias, lo que supone el 29,7 por ciento de la población infantil de las islas, según advierte Unicef en su informe "La infancia en Canarias 2012-2013".

Estos datos, que corresponden a 2010 y son los últimos disponibles, previsiblemente se han incrementado en el último tiempo como consecuencia de la crisis económica, ha indicado este miércoles el responsable de Políticas de Infancia de Unicef España, Gabriel González.

La tasa de niños menores de doce años en situación de pobreza en Canarias supera la media nacional, que fue del 26,20 por ciento en 2010 y del 27,2 por ciento en 2011.

La pobreza infantil se encuentra en gran medida asociada a la situación de desempleo de los padres de los menores, por lo que el elevado paro existente en el archipiélago (33 % de la población activa, la segunda tasa más alta de España) repercute sobre el bienestar de la infancia, ha señalado González.

Esta situación está relacionada también con las condiciones salariales de los progenitores, por lo que los sueldos del archipiélago, inferiores de media a los del resto del Estado, también generan más dificultades económicas para los menores de las islas.

A ello se une que en Canarias existe un reparto de la riqueza menos equitativo que en otras comunidades, según el informe de Unicef.

A juicio de esta organización de defensa de los menores, la infancia debe ser una parte esencial de las políticas de las administraciones.

Con el fin de preservar los derechos de los niños, Unicef propone mejorar la coordinación, la eficacia y la coherencia de las políticas de la infancia entre las distintas administraciones.

También cree necesario proteger la inversión de la infancia en los ámbitos que plantean desafíos fundamentales, como la lucha contra la pobreza, la salud, la educación y la protección, y que se garantice la inversión en la infancia en la elaboración de los presupuestos.

Otra de las propuestas de Unicef para Canarias se refiere a la elaboración de un Plan Autonómico contra la Pobreza Infantil, consensuado con todas las fuerzas políticas y sociales, que incorpore objetivos específicos y mensurables, así como recursos económicos para su puesta en marcha.

Asimismo, plantea que se promueva el consenso social y político en torno a la educación.