Los empleados públicos en Canarias han perdido desde 2010 entre 2.000 y 3.500 euros al año en recortes y congelaciones salariales, en un periodo en el que las medidas del Gobierno contra la actual crisis económica han colocado bajo los focos al personal de la administración. El impacto en los sueldos de los funcionarios ha sido progresivo, si bien podrá mitigarse en parte en el transcurso de 2013, con la recuperación de la paga extra de Navidad que el Ejecutivo de Mariano Rajoy suprimió en estas fiestas.

Los recortes en las retribuciones de la plantilla pública se iniciaron en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero: en mayo de 2010 se anunció un tijeretazo del 5% del salario. Todo un hito en la evolución de un sector al que desde el año 2002 se le venía actualizando el sueldo conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), con subidas de, al menos, un 2%.

A partir de la medida emprendida por Zapatero los trabajadores de la administración en Canarias, al igual que los del resto del Estado, no han parado de perder poder adquisitivo en sus nóminas. En el Archipiélago, el Gobierno regional dio una vuelta de tuerca más al ajuste aplicado a su personal, con la eliminación, en diciembre de 2010, de las ayudas que los sindicatos tildan de sociales. Esto es, apoyos para la formación o a las familias de los fallecidos, entre otros. También se procedió a la supresión de las aportaciones del Ejecutivo autonómico a los planes de pensiones de cada uno de los empleados (unos 115 euros al año por trabajador).

En el ejercicio siguiente el personal público sufrió su primera congelación salarial, que también se ha previsto para 2013. Los sindicatos cifran en un 10% la pérdida de poder adquisitivo con respecto al incremento del coste de la vida (los precios): es decir, el aumento que se ha dejado de aplicar a las nóminas, habitual hasta bien entrada la recesión que se inició en 2008.

Finalmente, en 2012 el Gobierno central fijó otro controvertido recorte, el de la desaparición de la paga extra navideña, que supone una pérdida del 7% del salario de los funcionarios y empleados públicos, y que se ha practicado en el conjunto del territorio nacional.

Así, un funcionario del grupo A1 (un titulado superior) ha perdido desde 2010 una media estimada de 3.500 euros brutos al año en sus retribuciones. Para un empleado catalogado como C1 (un auxiliar administrativo), la reducción es de unos 2.700 euros sobre sus 14 pagas, y para un ordenanza (categoría E) la merma en un ejercicio ronda los 2.000 euros.

Si bien la repercusión del tajo presupuestario ha sido nacional, los representantes sindicales en las Islas no entienden cómo el sector no ha tenido un alivio en Canarias. Francisco Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias, se lamenta de que al Archipiélago "no le vale de nada ser una de las comunidades autónomas que ha cumplido con los objetivos del déficit", y añade que "con estas medidas nos están llevando a todos a una situación muy grave en las Islas".

Bautista vaticina que, con esta hoja de ruta definida desde Madrid, "en la administración pública en Canarias no nos va a quedar dinero en seis meses", y acusa a la clase política isleña de "no tener valentía para plantarse ante el Gobierno central".

El portavoz de UGT alerta de que todos los recortes a los funcionarios "no dejan de tener un importante impacto en el consumo, que nota el pequeño y mediano comercio. Es algo que hemos comprobado en las ventas en Navidad", añade, "hablamos de 120.000 trabajadores en el Archipiélago que no han parado de perder poder adquisitivo en estos años".