"La asignación a los grupos parlamentarios es absolutamente transparente y legal". Así lo afirmó ayer el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobez, que defendió la legalidad de las cantidades concedidas a las fuerzas políticas con representación en la Cámara regional.

No obstante, Antonio Castro admitió que este órgano "no controla" el dinero que aporta a los cuatro grupos: Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), Socialista, Popular y Mixto (NC-PIL), ya que esa labor de fiscalización corresponde al Tribunal de Cuentas de España dentro del análisis de la contabilidad de los diferentes partidos, que se someten a sus auditorías.

Castro se mostró reacio a usar el término sobresueldo en relación a los extras que perciben la mayoría de los diputados a través de sus grupos para compensar los gastos que, según ellos, no cubren las dietas parlamentarias. "Los grupos tienen su propia administración y dinámica interna", apuntó respecto a los fondos que obtienen las formaciones para el funcionamiento y desarrollo de su actividad. Ratificó que los grupos reciben cada mes del Parlamento una cantidad fija y otra que varía según su número de diputados, circunstancia que manifestó que se repite en el resto de órganos constitucionales autonómicos, en el Senado y en el Congreso de los Diputados, entre otras instituciones.

Castro detalló que las agrupaciones parlamentarias dedican la subvención del Parlamento -cuya cifra no pudo precisar- a sus costes de oficina, personal contratado y acciones ligadas a la actividad parlamentaria, entre otros asuntos.

Aparte de esta asignación a los grupos, la mayoría de los integrantes del arco parlamentario, 50 de 60, están acogidos al régimen de dedicación exclusiva, por lo que sus nóminas dependen del órgano representativo del pueblo canario. Además, ingresan dietas en concepto de manutención, alojamiento y desplazamiento por su actividad, pero "todo es legal", arguyó el presidente del Parlamento.

Castro negó también opacidad en el acceso a información de la institución que preside y remitió a la página web y a los boletines oficiales del Parlamento. Sin embargo, preguntado acerca de la carencia de numerosos datos en estos conductos públicos, como la declaración de bienes de los diputados o el régimen de compatibilidad de sus señorías, respondió que "esas cosas están sujetas a lo que diga la ley". "Lo que está publicado es publicable y lo que no está publicado no es publicable", apostilló.

Por otro lado, fuentes de la institución afirmaron que el único dato claro respecto al funcionamiento interna del Parlamento regional en el transcurso de todos estos años -sin contar su presupuesto global que se incluye en los presupuestos de la Comunidad Autónoma- se limita a la publicación del boletín número 205 del 18 de junio de 2012, relativo a la bajada un 5% de sueldo y dietas de los diputados y el personal de esta entidad. Este acuerdo de la Mesa del Parlamento que vio la luz finalmente el pasado ejercicio, se produjo tras años prometiendo su divulgación.