Se acabó lo de solicitar una baja por gripe, lumbalgia o un esguince. Algunos acuden al trabajo hasta con muletas o con su brazo escayolado cuando no afecta al ejercicio de su actividad. Por primera vez los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) desvelan que los empleados públicos en España faltaron el año pasado menos a su puesto de trabajo que los del sector privado. En Canarias, la tasa de absentismo ha caído de forma significativa en los últimos cuatro años, coincidiendo con la crisis. El miedo, el estrecho control sobre las ausencias y la merma económica que supone faltar preocupan a los funcionarios y al personal laboral de ayuntamientos, cabildos y Comunidad Autónoma.
Desde que la crisis exhibió sus primeros síntomas en 2007 y se acentuó en 2008 los trabajadores públicos temían por su bolsillo, hasta que el entonces presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció un recorte a partir de junio de 2010 de un 5% del salario de los funcionarios y la congelación a partir de 2011. Las nóminas se mantienen igual durante la actual legislatura de Mariano Rajoy, no se revisan. Con el añadido de que el PP suprimió el año pasado la paga extraordinaria de Navidad. A ello se suma la rebaja del 20% de salario y jornada aplicada por el Gobierno canario a 3.300 laborales e interinos desde el pasado 1 de enero.
Todos esos ingredientes han motivado que los empleados públicos se inquieten cada vez más por la pérdida de sus retribuciones y vean peligrar su estabilidad laboral.
Los datos del INE exponen que en el tercer trimestre de 2012 el 1,75% de los asalariados del sector público del país no acudió a su puesto por enfermedad, accidente o incapacidad temporal, frente al 1,76% del sector privado. Entre las causas del bajo índice de ausencias en las instituciones públicas se esconde la reforma laboral aprobada por el Gobierno central -que posibilita expedientes de regulación de empleo en las administraciones- y el nuevo régimen de incapacidad temporal (IT) de los empleados públicos.
Incapacidad
Esta normativa, aprobada en julio, pero en vigor desde octubre, determina que en los tres primeros días de baja el trabajador pierde el 50% de su sueldo diario. Desde el cuarto día hasta el vigésimo podrá percibir el 75% de su retribución y a partir del día 21 cobrará una prestación equivalente al 100% de sus honorarios.
Los funcionarios están "resistiendo al dolor" ante la crisis, reflexionan representantes de los sindicatos, que ya preveían la brusca bajada en los índices de absentismo. En particular, la más acusada se ha producido entre el personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma y Justicia, que suman unos 14.000 empleados. En 2009, la tasa de ausencia alcanzó el 7,02%, con una duración media de 38,24 días. Ambas cifras han ido disminuyendo en los años siguientes y el porcentaje cayó a la mitad en 2012. Se registró una tasa del 6,18% en 2010 y una media de 33,58 días; 5,41% en 2011, y 27,49 días; hasta el 3,07% y una media de 26,39 días de baja el pasado año. En términos generales, se deduce que unas 430 personas no fueron a trabajar por prescripción médica en 2012.
Entre los 26.432 docentes de las Islas, los datos de absentismo también han menguado, pasando del 4,88% en 2009 -una media de 36,5 días- al 3,26% en el año 2012, con 33,3 días de periodo medio. Alrededor de 862 profesores pidieron una baja el pasado curso.
El secretario de Empleo de CCOO en Canarias, Francisco Pozo, justificó estos números en el "miedo" de los empleados por los cambios legislativos que permiten ERE en organismos públicos y la reducción "a marchas agigantadas de los presupuestos en algunas consejerías" del Ejecutivo regional.
El sindicalista alertó de numerosos episodios en los que los trabajadores solicitan el alta voluntaria antes de tiempo "por lo que pueda pasar, por temor a represalias o pérdidas económicas". Esta presión, que siente sobre todo el personal laboral, es compartida por el secretario general de la Federación de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT), Francisco Bautista, que subrayó que ante cualquier patología leve, que no precise ingreso en quirófano o estancia hospitalaria, los empleados públicos se desplazan a sus puestos.
Bautista reconoce que hasta ahora la estabilidad laboral ha hecho que los funcionarios hayan tenido "más permisividad" a la hora de coger bajas, pero matizó que ante supuestos fraudulentos están "los instrumentos correctores y sanciones". En general, todas la administraciones públicas han establecido los mecanismos de inspección en el ámbito del empleo.
Los posibles fraudes en las IT "son puntuales, un número bastante reducido", apostilló el director general de Función Pública del Gobierno regional, Aarón Afonso, que resaltó el empeño en los últimos años desde el Ejecutivo para que desde los centros directivos se haga un control de que sus efectivos estén en sus puestos porque, "unido a los descensos de las partidas presupuestarias, hay que ser más eficientes con los recursos". A continuación, valoró que "todo el mundo está arrimando el hombro y eso se refleja en los porcentajes".
El Gobierno canario, que se opuso a la modificación del régimen de IT por el Estado, intuye que el fraude que posiblemente existía en las bajas de corta duración, de dos o tres días, supone un ahorro importe para las arcas públicas, pero "está produciendo efectos perversos", al afectar a la salud y al rendimiento de las personas.
Frente a la reducción progresiva de la tasa de absentismo en la Comunidad Autónoma en los últimos cuatro años, desde el inicio de la crisis no ha parado de crecer hasta 2011 el personal al servicio de la administración estatal, autonómica, local e insular, así como en las universidades. Mientras en 2007 se contabilizaban 123.487 empleados, el número se elevó a 125.618 al año siguiente; 127.040 en 2009; y 130.157 en 2010, hasta los 137.912 en 2011. A partir de este año cayó a 124.537 en 2012, niveles similares a hace cinco años. En los dos últimos años fueron despedidos 13.375 trabajadores en el conjunto de las instituciones. La mayor caída se ocasionó en los ayuntamientos, que perdieron 1.261 trabajadores, seguidos de la administración estatal, con 1.849 menos y la regional, con una bajada de 152 personas. Por contra, las universidades engrosaron 1.261 trabajadores más.
