La corrupción de la clase política es un cáncer para España dada la cantidad de causas abiertas desde el inicio del siglo XXI. Los últimos casos que han saltado a la opinión pública: Bárcenas, Urdangarín, Puyol o Campeón, entre otros, no han hecho más que afianzar en el imaginario colectivo de los españoles que los políticos son uno de los problemas más importantes del país, algo que ya se refleja en las estadísticas. Sin embargo, mucho antes de que todos estos supuestos fraudes nacionales comenzasen a investigarse, Canarias ya sufría los efectos devastadores de los tejemanejes de los cargos públicos por engordar sus bolsillos sin ningún tipo de recato ni control.
Entre los años 2005 y 2007, el Archipiélago se hizo famoso a nivel nacional no por sus zonas turísticas y su clima inigualable, sino porque políticos de distintos signo y partido eran salpicados por varios casos de corrupción que iban apareciendo por toda la geografía canaria y que afectaban, generalmente, a sus municipios más importantes.
Los nombres de procedimientos como Las Teresitas, Unión, Faycán, Eólico, Góndola, Brisan, Arona, Palmeras o Yrichen, entre otros, se convirtieron en el desayuno que los medios de comunicación servían cada mañana a la sociedad isleña y en el tema estrella de las charlas y reuniones entre amigos y familiares.
La profundidad y complejidad de todas estas tramas tan conocidas en el Archipiélago han llegado hasta el punto de que hoy en día la mayoría siguen bajo investigación judicial y sólo una selecta minoría se encuentra pendiente de los últimos flecos para sentar en el banquillo de los acusados a políticos y empresarios. La tardanza, sin embargo, lleva a la mayoría de los ciudadanos a sentir que la Justicia ha fracasado en la persecución efectiva de los políticos que no han tenido escrúpulos a la hora de poner sus intereses particulares por encima del bien común.
La corrupción que en 2005 golpeaba con crudeza la realidad de Canarias no era, sin embargo, un problema relevante para el resto de los españoles.
Según los datos recabados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en diciembre de aquel año, el principal problema para la mayoría de los españoles era el paro (46 %), seguido de la inmigración (28 %) y de las actuaciones terroristas de ETA (26 %). La corrupción aparecía en el noveno lugar de la lista (9,5 %), a casi diez puntos de la octava preocupación de la sociedad, los problemas económicos.
El cambio que la actualidad ha operado en la mentalidad de la sociedad es tal que, en la actualidad, el panorama de las principales preocupaciones de los españoles ha cambiado drásticamente. Como no podía ser de otra forma, dada la crisis económica, el paro sigue siendo el principal problema, pero a un nivel muy superior al que recogían las estadísticas en 2005.
Según el último barómetro del CIS -realizado el pasado mes de diciembre en relación con los tres principales problemas que los encuestados ven en España- el 77 % de las personas cuestionadas se mostraban preocupadas, en primer lugar, por el alto número de desempleados y, en segundo lugar, por los problemas de índole económica (39,5 %).
El tercer y cuarto puesto habían cambiado. En una carrera meteórica desde 2005, se habían aupado a la zona alta de la clasificación la clase política y los partidos políticos en general (29,8 %) y la corrupción y el fraude (17,2 %).
Pese a la magnitud de estos, no hay que olvidar que en el momento de realizarse las entrevistas el caso Bárcenas aún no había estallado. La sociedad todavía no conocía que el extesorero y exgerente del Partido Popular Luis Bárcenas había amasado, presuntamente, 22 millones de euros en varias cuentas de una entidad bancaria suiza y que, gracias a la amnistía fiscal, había regularizado diez millones de euros.
Tampoco se conocía la presunta contabilidad B del partido presidido por Mariano Rajoy, ésa que ya está siendo investigada por la Fiscalía General del Estado, y en la que puede leerse que el también presidente del Gobierno de España cobró, supuestamente, 25.200 euros al año entre 1997 y 2008 en pagos semestrales o trimestrales o que, según las últimas revelaciones en torno a la trama Gürtel que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, la actual ministra de Sanidad, Ana Matos, disfrutó, presuntamente, de viajes de placer a Canarias y a otras zonas de España y Europa con su familia sin tener que rascarse ni un céntimo de su bolsillo.
Los escándalos de corrupción, sin embargo, no afectan sólo a comunidades autónomas como Canarias, Madrid o Cataluña. Por prácticamente toda la geografía nacional la figura del político corrupto tiene algún representante, ya sea en administraciones locales, municipales o provinciales. Desde Andalucía hasta Baleares, pasando por Castilla La Mancha, Galicia, Comunidad Valenciana o Murcia (ver cuadro adjunto). Nadie se libra de este mal endémico que ya es uno de los problemas que a la ciudadanía más le preocupa.
Políticos imputados
En Canarias, el número de políticos que actualmente desarrollan su labor en alguna de las instituciones públicas y están imputados en alguna causa supera la veintena. Destacan entre los encartados en algunos de los múltiples procedimientos que se instruyen en los juzgados isleños el senador por la Comunidad Autónoma canaria de CC, Miguel Zerolo, por su presunta participación en el caso Las Teresitas; el diputado del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez, por su supuesta actuación en el caso Europa; el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, de NC, por el caso Palmera, o el regidor socialista de El Rosario, (Tenerife) Macario Benítez, por su implicación en el caso Varadero.
