El Gobierno canario descarta seguir los pasos del presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, tras dar a conocer sus ingresos y bienes patrimoniales de los últimos años. Presidencia no se plantea publicar en la web del Ejecutivo las declaraciones de la renta del presidente Paulino Rivero y de los consejeros del Ejecutivo regional. El Gabinete autonómico se escuda en que se trata de un asunto al que se ha visto forzado Rajoy por el escándalo generado alrededor del caso Bárcenas y la presunta financiación irregular del PP y que no afecta ni a Coalición Canaria ni a la Comunidad Autónoma.

El viceconsejero de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Jorge Rodríguez, explica que este asunto no se ha debatido en el seno del Gobierno y se remite a la aprobación de la Ley de Transparencia que se debate a nivel nacional. Rodríguez es firme partidario de que los responsables políticos den publicidad a sus ingresos y bienes pero, en este caso, "es un problema del PP y Rajoy se ha visto obligado a hacerlo, nosotros no nos vamos a dejar presionar por esta situación, aquí no hay sobresueldos ni nada que esconder, cuando se apruebe la ley se tendrán que publicar los sueldos y bienes de los cargos públicos y así lo haremos".

En la misma línea que Rodríguez se manifiesta el secretario general de CC y portavoz de los nacionalistas en el Parlamento, José Miguel Barragán. El dirigente nacionalista elude cualquier compromiso de Coalición Canaria de dar a conocer a corto plazo sus finanzas o las declaraciones de la renta de Rivero y otros dirigentes. En este sentido, advierte que lo realizado por Moncloa el pasado fin de semana "no despeja las dudas sobre el caso Bárcenas y tampoco se trata de ninguna novedad. Rajoy publicó en el Boletín Oficial del Estado su patrimonio nada más llegar al Gobierno, en cumplimiento de una reforma aprobada en la etapa del anterior presidente Zapatero".

Medidas

Barragán recuerda que en estos momentos se está tramitando en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley de Transparencia "en el que deben plasmarse aquellas medidas -con el consenso político- que contribuyan a que exista un control más eficaz de las cuentas públicas, de los partidos políticos y de los cargos públicos durante la etapa en la que ejerzan como tal". Barragán añade que los diputados y senadores de CC "trabajarán para que así sea".

Sin embargo, los nacionalistas no se dan por aludidos con respecto a la decisión adoptada por el PP y su presidente de publicitar tanto las finanzas del partido como las rentas del presidente de los últimos años. La posibilidad de conocer la declaración de ingresos y bienes de Rivero y del resto de los consejeros del Ejecutivo regional sería a través del Parlamento, obligación que tienen todos los parlamentarios tanto autonómicos como nacionales. Sin embargo, la Cámara autonómica siempre se ha resistido a informar sobre las declaraciones de bienes e incompatibilidades de los diputados.

En este sentido, Jorge Rodríguez espera que las nuevas leyes de Transparencia nacional y autonómica sirvan para clarificar este punto negro de la autonomía. El dirigente nacionalista admite los problemas existentes para que el Parlamento informe cada inicio de legislatura de las declaraciones que presentan los parlamentarios y asegura que la Ley de Transparencia obliga a todos los responsables públicos a dar a conocer sus ingresos y bienes, incluidos los representantes de la soberanía popular.

El viceconsejero recuerda que en su caso personal ya dijo en su etapa como consejero de Industria y de Economía y Hacienda que su patrimonio se limita a un piso con una plaza de garaje, un coche y una moto. En relación con los ingresos, sólo cuenta con la remuneración que recibe por su cargo público y que figura en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Rodríguez explica que la normativa del Ejecutivo regional seguirá los pasos del Estado y se adecuará a las instituciones autonómicas. No obstante, la intención del Ejecutivo regional es transparentar al ciudadano la gestión de los recursos públicos, tanto con más mecanismos de control como creando una página en internet para que el ciudadano conozca dónde se gasta el dinero público.

El borrador de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno que prepara el Ejecutivo regional está pendiente de la ley estatal, un compromiso adquirido por el Ejecutivo central que ahora se ha visto acelerado por el escándalo del caso Bárcenas sobre la presunta financiación irregular del PP. En su blog personal, el presidente Rivero escribió el domingo que "las personas y los comportamientos honrados en el ámbito de la política son mucho más numerosos y generalizados".