El Gobierno de Canarias rechaza de plano la idea del PP de establecer un tributo a la extracción de crudo del que se beneficiarían la Comunidad autónoma y los cabildos y ayuntamientos en los que se desarrollará esta actividad, y mantiene su oposición frontal a las prospecciones. Fuentes cercanas al presidente Paulino Rivero consideran la propuesta un intento del Gobierno central, y en especial del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, de variar el sentido de la opinión pública canaria para que se muestre favorable a una industria que ahora rechaza, y la tacha de "trampa".
"Ni la contemplamos, ni la consideramos porque el Gobierno canario se opone frontalmente a la extracción de crudo en aguas canarias por razones de sostenibilidad medioambiental y económica", afirmaron ayer distintos portavoces del Ejecutivo de Rivero en relación con la propuesta del PP. El partido que gobierna con mayoría absoluta en el Estado ha presentado una propuesta de resolución, que se aprobará hoy con toda probabilidad en el Congreso, instando al Gobierno a "estudiar las modificaciones tributarias necesarias para gravar la extracción de crudo" y cuyos ingresos se "podrán destinar", a través del sistema de financiación autonómica, a financiar los territorios en los que se lleve a cabo esa actividad siempre que el porcentaje de esa producción sea "relevante" respecto del consumo nacional total.
Desde el Ejecutivo canario se reconoce que esa condición está pensada justamente para que la implantación del tributo se lleve a cabo, en su caso, únicamente en Canarias porque es el único lugar en el que, según los cálculos de Repsol, la bolsa de crudo puede alcanzar un porcentaje significativo respecto del consumo nacional, como mínimo el 10% (140.000 barriles diarios). En las otras zonas con procesos de producción en marcha o en vías de desarrollo -Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña- la cantidad de crudo extraído es demasiado pequeña como para computar de forma relevante en este sentido. La propuesta, con todo, no establece los porcentajes a considerar.
Las mismas fuentes recuerdan que la comunidad autónoma tiene capacidad de establecer sus propios tributos sobre esta actividad incluso en el caso de que se considere una competencia estatal porque lo haría de forma indirecta por conceptos como la acción sobre el medio ambiente o el tratamiento de residuos. Incluso se sospecha que el Estado se estaría planteando esta salida para tratar de adelantarse al Ejecutivo canario y evitar una situación semejante a la ocurrida con los tributos sobre los depósitos bancarios. En ese caso, el Gobierno central se vio obligado a establecer un tipo impositivo cero para anular los alzas aprobados por distintas comunidades autónomas, entre ellas Canarias.
El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, coincidió ayer en que aceptar la propuesta significaría dar carta blanca a las prospecciones y por tanto, negociar "por cuánto dinero nos vamos a vender" y pone en cuestión las intenciones del PP. "En España se lleva extrayendo petróleo durante más de 50 años y ahora es cuando se les ocurre gravarlo", subrayó . El rechazo es rotundo. En este sentido, CC-NC en el Congreso presentó ayer una enmienda a la propuesta de resolución en la que pide la revocación de las autorizaciones a las prospecciones y la paralización de los sondeos que se están llevando a cabo. También pide una reunión urgente con las instituciones de las islas, científicos y organizaciones sociales de todo tipo para que la Presidencia del Gobierno español pueda conocer "de primera mano y sin intermediarios" las razones de la oposición a la industria petrolífera y apoyar un modelo alternativo basado en las energías renovables.
Repsol
Por su parte, Repsol -adjudicataria desde el pasado mes de marzo de los derechos de prospección junto a las islas de Lanzarote y Fuerteventura- evita por ahora hacer una valoración de la propuesta del PP, pero recuerda que la fiscalidad en el Impuesto de Sociedades sobre las explotaciones petrolíferas en España es ya "bastante alta" al tributar al tipo de 35% mientras que en Marruecos es del 10%.
La petrolera recuerda que la investigación que se hará en aguas canarias es 100% "privada", por lo que le supondrá una inversión de 200 millones sólo en los sondeos y de más de 9.000 en 20 a 30 años si se confirman las previsiones sobre la existencia de crudo en la zona.
