La Consejería de Educación ha decidido convocar oposiciones al cuerpo de maestros después de tres años suspendidas y pese al rechazo unánime de los sindicatos con representación en la enseñanza pública de las Islas. La Comunidad Autónoma convoca un total de 123 plazas de docentes de Primaria en las especialidades de Inglés, Francés y Audición y Lenguaje, y 15 puestos para inspectores de Educación. Según el Ejecutivo, se trata de cubrir las jubilaciones y bajas que se han producido en los últimos años debido a que no se han cubierto las tasas de reposición.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Martín Marrero, señaló que desde 2010 no se aprobaba una oferta de empleo para funcionarios docentes no universitarios, debido a las restricciones económicas, e hizo hincapié en el carácter "excepcional y prioritario" de la convocatoria ante las vacantes que se han acumulado.

Tanto la Consejería de Educación como la de Presidencia comunicaron a los representantes sindicales la convocatoria de la oposiciones en sendas reuniones convocadas el miércoles. Sin embargo, los representantes de los docentes se oponen a la oferta y han advertido al Gobierno de la "inseguridad jurídica" que puede generar la convocatoria para los miles de opositores que se presentarán.

El portavoz de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), José Ramón Barroso, critica la decisión "unilateral" del Gobierno de realizar la convocatoria cuando ya se está en el segundo trimestre del año y las ofertas de empleo público se suelen publicar en el BOC en el primer trimestre del año. Asimismo, Barroso cuestiona que el Ejecutivo haya acumulado las tasas de reposición de Sanidad y Administración General para unirlas a Educación y alcanzar así las 138 plazas.

Sin embargo, tanto CCOO como el resto de las centrales sindicales advierten que el Ejecutivo lanza la convocatoria sin esperar a que la Justicia resuelva definitivamente el contencioso planteado en torno a las listas de interinos y sustitutos. Los cambios en los criterios de selección para las listas adoptados en 2010 por la Consejería de Educación fueron recurridos por los sindicatos, que ganaron el pleito en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Sin embargo, la Administración educativa ha recurrido en casación ante el Supremo, lo que deja en el aire la solución definitiva a este problema que enfrenta a los representantes de los docentes y a la Consejería de Educación.

Según Barroso, cualquier recurso o impugnación que se presente a la convocatoria puede echar abajo la misma ya que hay indicios de inseguridad jurídica y de "ilegalidades" en el procedimiento. Por eso, los sindicatos han solicitado a Educación que pida un dictamen al Consejo Consultivo sobre esta oferta de empleo público.

Las cifras que manejan las centrales sindicales son que 1.600 docentes están obligados a presentarse porque forman parte de las categorías que se convocan. Sin embargo, el "efecto llamada" puede suponer que varios miles de opositores más pueden optar a venir a las Islas a presentarse a la oferta de empleo público de la Comunidad Autónoma.

Al ser cuestionado por la postura que mantienen los sindicatos de educación, contrarios a la celebración de la prueba sin antes negociar con el Gobierno, Marrero señaló que le "consta" que el titular de la Consejería de Educación, José Miguel Pérez, mantiene abierto el diálogo con las fuerzas sindicales de cara a la convocatoria. El portavoz subrayó que mientras en otras comunidades autónomas se despide a profesores, en Canarias se da la oportunidad de acceder al funcionariado a 138 personas.