Crónica de un divorcio

La sociedad española se aleja de la clase política y ensaya fórmulas de democracia participativa utilizando las redes sociales y la calle

07.04.2013 | 02:10
Crónica de un divorcio
Crónica de un divorcio

El divorcio entre representantes y representados se acentúa de año en año en España desde hace una década. Nuevas formas de participación social están desplazando a las organizaciones tradicionales: sindicatos, asociaciones ecologistas y organizaciones no gubernamentales. El Movimiento 15-M y las Plataformas de Afectados por la Hipoteca son sus manifestaciones más visibles. Su causa: una democracia más participativa.

Han pasado diez largos y convulsos años desde el 15 de febrero de 2003, cuando millones de manifestantes se concentraron en cientos de ciudades del planeta para elevar un grito unánime: "No a la guerra". Fue una convocatoria impresionante, una clamorosa contestación a las decisiones políticas que tomaban sus gobernantes que numerosas organizaciones prepararon a conciencia desde que el Trío de las Azores anunció la invasión de Irak.

Un año después, España vivió de nuevo una masiva movilización ciudadana que se diferenció de ésta, y de todas las anteriores, por lo inédito de la convocatoria: nadie la organizó. Un simple SMS corrió como la pólvora de móvil en móvil y transformó la jornada de reflexión de las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 en una jornada de protesta. "Hoy 13M 18h PP Génova. Sin partidos. Silencio por la verdad. PÁSALO".

Mensajes de esta índole, todos con idéntico final, fueron la consigna que canalizó aquel primer sentimiento de indignación -hoy convertido en pandemia- del pueblo español contra quienes le gobernaban. El detonante fue la torpeza con que el PP sostuvo que la autoría de los ataques terroristas a cuatro trenes de cercanías en Madrid correspondía a ETA, aún cuando las evidencias apuntaban a los islamistas. Pesó el dolor por los 191 muertos y más de 1.800 heridos, y la sombra de la decisión de llevar al país a una guerra a la que todo el mundo se oponía.

Desde entonces hasta hoy, la fractura entre los representantes y sus representados no ha hecho más que acentuarse en España, como en otros países de Europa. La transición que trajo, tardíamente, la democracia a España tras cuarenta años de dictadura reconocía y depositaba en los partidos políticos y los sindicatos sus principales cauces de participación. Y en torno a ellos, otras entidades como las asociaciones ecologistas o las organizaciones no gubernamentales acogían en su seno a los sectores más críticos con el sistema.

Quiebra del consenso

Este modelo de representación y participación no se ha discutido desde 1978 hasta la entrada del nuevo milenio. Pero hoy ya no hay consenso en torno a quién representa a quién.

En estas décadas de democracia, los partidos políticos han evolucionado jerarquizándose cada vez más y son dirigidos por listas y cúpulas cerradas que apenas dejan margen de actuación a los militantes a través de sus comités locales. Las primarias para elegir candidatos son solo un amago. Sus líderes establecen qué decir, cuándo y cómo, desde una relación unilateral de arriba a abajo que han trasladado hasta a las relaciones con los medios de comunicación, con estrategias de ruedas de prensa sin preguntas que son todo un síntoma de la pérdida del talante democrático de algunas formaciones políticas.

Como salida a la creciente sensación social de sentirse manipulados por el partido en el poder, aquella movilización de espontáneos del 11-M buscó la alternancia e hizo que José Luis Rodríguez Zapatero ganara, contra todo pronóstico, las elecciones generales de 2004. El ciudadano sentía que aún estaba en sus manos decidir quién le gobernaba, y esa posibilidad pareció calmar durante años los ánimos. Pero con la misma rapidez con que creció, el fenómeno ZP se desinfló en la siguiente legislatura con la gestión de una crisis entonces incipiente, que el Gobierno socialista, a las puertas de una nueva convocatoria electoral, se empeñó en negar cuando también los signos la hacían evidente.

En este marco, los sindicatos españoles protagonizaron varias huelgas generales (once desde 1981: la última el pasado 14-N) que fue encauzando, en gran medida, el creciente malestar general y les permitió mantener su legitimidad como organizaciones de representación social. Pero el estricto marco laboral en que los sindicatos tienen su razón de ser, junto a la financiación que reciben a partir de los ochenta y su progresiva funcionarización, ha puesto en entredicho su papel: "no todo lo hemos hecho bien, ahí están los Ere de Andalucía para recordárnoslo", precisa el secretario de CCOO en Canarias, Juan Jesús Arteaga, en un ejercicio de autocrítica. Y ello sin contar que la afiliación sindical española es una de las más bajas de Europa: el 16%, 2,6 millones del total de ocupados. Y la tasa de paro se dispara hasta alcanzar al 26% de la población activa.

Nuevas causas

Con la crisis económica van apareciendo además causas más graves que las que movían otras formas de canalizar las necesidades de participación social como la conservación del medioambiente y la cooperación con el tercer mundo: la conservación del puesto de trabajo y la amenaza de exclusión social que pesa sobre capas más amplias de las clases medias de este primer mundo.

En este ambiente, surge en 2011 el mayo español, un movimiento que ocupa las plazas de la ciudad con acampadas cada vez más multitudinarias. El 15-M enlaza con movilizaciones que se venían produciendo en el mundo árabe e inspira nuevas protestas como Occupy Wall Street. La diferencia respecto a 2004 es que ahora no hay alternancia al poder. PSOE y PP son, para los indignados, lo mismo según la fábula de Mouseland: los gatos que los ratones eligieron para que les gobernaran.

También los sindicatos y otras instituciones como los medios de comunicación son, para ellos, parte de ese sistema: "hay un fenómeno de desbordamiento de los cauces democráticos y la gente ya no confía ni bastan los discursos, quiere soluciones", sintetiza Arteaga.

La dicotomía ya no se limita a contraponer la izquierda a la derecha, o la patronal al trabajador. La crisis económica ha derivado de una crisis social, y ésta en una crisis política, donde el deterioro general se traduce en un empobrecimiento de las acomodadas clases medias y una fractura entre los que tienen y los que no tienen. La exclusión social alcanza a franjas de la población, algunas blindadas hasta ahora como los profesionales cualificados: seis millones de parados, 100.000 autónomos sin actividad, una generación de jóvenes y estudiantes sin esperanza en el futuro... ¿Quién les representa?

"No nos representan" ha sido el eslogan más extendido y común de las últimas manifestaciones, cada vez más crispadas, entre los ciudadanos que han optado por la movilización social. Se organizan en torno a múltiples asociaciones de diversa índole que han ido surgiendo en el último lustro y que tienen en común cuestionar el actual modelo de democracia. La más significativa, por el éxito que ha tenido al introducir una Iniciativa Legislativa en el Congreso, ha sido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Y además de la calle tiene un aliado indiscutible: las redes sociales. A través de ellas, se están ensayando desde distintos foros fórmulas alternativas de democracia más participativa como la Asamblea Popular.

La sucesión de casos de corrupción en un país donde la participación social se ha duplicado respecto a la que hubo en los años 80, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia ciudadana. Rodea el Congreso y los escraches de la PAH son la respuesta a una clase dirigente enrocada en sus posiciones de representantes de la soberanía popular, pero que prioriza la defensa del sistema a la de los ciudadanos: "antes nos ignoraban. Ahora nos atacan", puntualiza un representante de la PAH Gran Canaria. Políticos que consideran las manifestaciones de protesta como actos antidemocráticos. Que tienen, en definitiva, miedo a la calle.

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