La consejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario, Inés Rojas, ve "factible" e "interesante" el decreto aprobado por la Junta de Andalucía, que entró en vigor ayer, que faculta a la comunidad autónoma a expropiar el uso de las viviendas vacías en manos de los bancos para destinarlas al alquiler social de familias desahuciadas. "La iniciativa de Andalucía abre una posibilidad muy grande para que las comunidades podamos legislar y tomar decisiones normativas sobre las viviendas libres", afirma Rojas. Precisamente, la consejera habló el jueves con su homóloga andaluza, Elena Cortés, para conocer algunos de los pormenores de la medida y el debate jurídico que se ha abierto sobre su encaje legal en el marco constitucional español.
Rojas confirma que los servicios jurídicos están estudiando el alcance de la medida para que sea posible en Canarias, en este sentido añadió que "si es factible en la vivienda libre sería una posibilidad bastante interesante para darle una solución a la situación tan dramática que generan los desahucios".
La titular de Vivienda del Ejecutivo regional recuerda que su departamento ya ha aprobado medidas similares a las de Andalucía pero en el ámbito de las viviendas protegidas. De esta forma, Rojas asegura que ninguna familia es desahuciada por problemas económicas en un piso en alquiler de protección oficial. Asimismo, en el Plan Canario de Vivienda hay una disposición que prevé la dación en pago, de tal forma que si una familia es desahuciada por no poder pagar la hipoteca de una casa protegida la entrega de la misma solventa la deuda y el banco debe ponerla en alquiler a un precio asequible para familias con problemas económicos.
La consejera considera que es el Estado el que debe realizar una política global de modificación de las leyes. "Estamos en una situación diferente y la legislación no tiene nada que ver con el escenario en el que estamos. Al Estado le está costando realizar estas modificaciones, por lo que los servicios jurídicos están analizando si las comunidades autónomas pueden hacer este tipo de cambios para dar respuesta al drama de los desahucios, sin quebrar los principios legales", señala.
Rojas cree en las bondades de la iniciativa puesta en marcha por Andalucía y considera que sus servicios jurídicos habrán dado toda la seguridad jurídica a la norma en el marco de las competencias de la comunidad autónoma.
La consejera confirma que, además de estas medidas, su departamento prepara también un paquete de acciones para potenciar el alquiler social. En el Archipiélago son 50.000 las personas que se benefician de un alquiler social en un total de unos 16.000 pisos, medida que el Ejecutivo regional quere intensificar.
