El Hospital San Roque Maspalomas lanza un ultimátum a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias: Si no rectifica su política de "acoso y derribo" contra este centro se verán obligados a romper su contrato de concertación con la administración y se convertirán en una clínica exclusivamente privada. Esta decisión abocaría a los 300.000 usuarios del centro, entre población residente y flotante (turistas) del Sur de Gran Canaria, a perder estas instalaciones y tener que desplazarse más de 60 kilómetros para recibir asistencia sanitaria especializada en la capital grancanaria.

No es el único caso. La deuda de la Consejería de Sanidad con las clínicas privadas -con las que mantiene contratos de concertación a fin de reducir las listas de espera o, como es el caso de San Roque Maspalomas, cubrir áreas en la que la administración carece de infraestructura propia- se eleva en lo que va de año a 18 millones de euros sólo en la provincia de Las Palmas. Una situación que las obliga a hacer encaje de bolillos para cuadrar sus balances o bien a recurrir, en última instancia, a los ajustes de plantilla.

La asociación que aglutina a la clínicas en la provincia ha solicitado varias veces una reunión urgente con la consejera del ramo, Brígida Mendoza. De momento no ha habido respuesta.

En Las Palmas hay concertadas más de 800 camas hospitalarias repartidas en diez clínicas para servicios que van desde intervenciones quirúrgicas hasta pruebas diagnósticas. En buena parte de los centros la situación preocupa, señalan desde Asociación de Clínicas y Centros Hospitalarios.

El caso más extremo es el San Roque Maspalomas, la única clínica en Gran Canaria que inició su andadura, en 2006 en San Bartolomé de Tirajana, con vocación de hospital comarcal. Sus gestores denuncian seis años después la existencia de una "instrucción premeditada" desde el departamento que dirige Mendoza para asfixiarles y abocarles al cierre. Una orden que, según el gerente del Hospital, Sebastián Sansó, se plasmó en julio de 2012 cuando la consejera les retiró la competencia para atender urgencias que no fueran derivadas de los centros de salud de los municipios de San Bartolomé, Mogán y Santa Lucía.

Esta medida se adoptó sólo en este centro concertado en el Archipiélago y se fundamentó en causas económicas. Sin embargo, la clínica no entiende este argumento, puesto que su servicio de Urgencias (incluyendo la atención al paciente y las pruebas a practicar) es, asegura Sansó, "entre un 300 y 500% más barato" que el de un centro público.

En concreto, el Ejecutivo abona al Hospital San Roque entre 30 y 110 euros por urgencia, mientras que la orden de precios públicos del Gobierno cifra el coste en 215 euros sólo la consulta, por lo que si se añaden pruebas o el traslado del paciente se puede elevar esta cuantía hasta los 400 o 500 euros.

El Hospital arrastra desde 2006 unas pérdidas que alcanzan los 21 millones. El concurso adjudicado por la administración autonómica les forzaba en su inicio a crear una estructura física y de inversión en equipamiento y recursos humanos pero, al no desviarles pacientes, la empresa incurrió en un revés de tesorería, además de disponer de una infraestructura infrautilizada desde su apertura. Así pues, desde hace seis años cuenta con dos paritorios sin usar, estado en el que también se encuentran las unidades de neonatos, los puestos de hemodiálisis y consultas externas.

La dirección del Hospital denuncia el incumplimiento continuado del pliego de condiciones por parte de Sanidad, que en 2007 estableció para unidades y servicios de estas instalaciones precios un 30 o 35% inferiores al resto de la concertación en Canarias, según apunta Sansó.

En 2010, con Mercedes Roldós como consejera de Sanidad, se celebró un nuevo concurso en el que se solventó "parcialmente" el desequilibrio en los precios y la actividad del centro hospitalario. Pero la asfixia continúa. ¿Porqué?

Retirada de médicos

Dos son las herramientas del Ejecutivo para regular la concertación: la lista de espera y la actividad de los médicos de cupo de pacientes, que son los que están comarcalizados y tienen que efectuar su actividad quirúrgica atendido a su área geográfica. Con Mendoza al frente de Sanidad los médicos de cupo han "desaparecido" de San Roque Maspalomas hasta el punto de que su labor ha caído más del 70%, indican las mismas fuentes.

La minoración constante de ingresos y el impago reiterado de las facturas por el Servicio Canario de Salud -que adeuda tres millones de euros- confluye en el tercer expediente de regulación de empleo al que se enfrenta San Roque Maspalomas. De los dos anteriores el año pasado uno fue temporal y otro de modificación de las condiciones laborales, pero el nuevo ERE conllevará 36 despidos de los 272 empleados de su plantilla actual.

Ante esta coyuntura, el Hospital ha interpuesto contenciosos administrativos para reclamar la deuda y ha recurrido la orden de cierre de las dependencias de atención de urgencias.

Si la Consejería de Sanidad no corrige sus políticas, el consejo de administración del Grupo, presidido por Mario Rodríguez, abordará después del verano con sus asesores jurídicos la ruptura del contrato. "Esta situación no se puede prolongar tres meses más", añadió el gerente.