El pleno del Parlamento de Canarias rechazó este miércoles, con el voto en contra del PP, que se modifique la vigente ley del aborto para hacerla más restrictiva, una posibilidad planteada por el Gobierno central que, según el resto de partidos, no es una prioridad ciudadana y restringe el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad.

La proposición no de ley fue planteada por Nueva Canarias, cuya diputada Carmen Hernández mostró su "sobresalto" ante la contrarreforma anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para restringir un derecho conquistado por la sociedad.

"No entendemos que se abra este debate porque no es una prioridad de la ciudadanía, es una auténtica temeridad y la idea de volver a ver a mujeres sentadas en el banquillo preocupa a todos", argumentó Carmen Hernández, que acusó al ministro de generar un conflicto innecesario incluso en seno del PP. Afirmó la diputada que las restricciones a la interrupción voluntaria del embarazo no reduce los abortos, sino que los transforma en clandestinos para las mujeres que no pueden costearse viajes al extranjero, con graves riesgos para su salud.

En la proposición no de ley, enmendada por el PSOE, el Parlamento de Canarias se pronunció a favor de la maternidad libremente decidida y rechaza cualquier injerencia en ese derecho al dictado de ninguna moral religiosa.

La diputada del PP Milagros Bethencourt justificó el rechazo de su grupo en que se trata de un pronunciamiento sobre algo que no existe, puesto que aún no hay un proyecto legislativo al respecto, y en que pedir que no se modifique una ley "no da opción a mejorarla". En su opinión, en el caso del aborto se contraponen dos derechos, el de la mujer a disponer de su maternidad y el derecho a la vida, los cuales hay que conciliarlos porque actualmente "se deja indefenso al nasciturus, se le resta valor".

"La vida en gestación no es un bien disponible de la mujer, el derecho a la vida es el primer derecho fundamental", sostuvo. Consideró que este debate debe ser sosegado, porque no se trata de elegir entre blanco y negro, y mandó "un mensaje de tranquilidad a las mujeres" porque "el derecho a decidir sobre la maternidad está garantizado", aseguró.

Según la diputada del PP, el Gobierno de España buscará el consenso y respetará las decisiones del Tribunal Constitucional y las recomendaciones de los órganos consultivos.

La diputada del PSOE Dolores Padrón dijo que el ministro ha creado un problema donde no lo había y quiere, "como en los regímenes totalitarios" que los poderes públicos impongan sus criterios sobre decisiones personales. "Ser madre no es una decisión que pueda imponer el Estado", dijo la representante del PSOE, para quien el Gobierno trata de contentar a los sectores más retrógrados, a la derecha preconstitucional y a la Conferencia Episcopal.

Flora Marrero, del grupo nacionalista, dijo que la Organización Mundial de la Salud, la ONU y Unicef no son partidarios de restringir el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo, porque endurecer las condiciones para abortar incrementa el aborto clandestino y penaliza a las personas.

Acusó al Gobierno de pretender una división innecesaria en la sociedad y señaló que ella es católica pero está a favor de la maternidad responsable y del derecho de la mujer a decidir sobre ella.