El Gobierno de Canarias acogió ayer con una sensación agridulce la aprobación por el Parlamento Europeo de una directiva que permite las extracciones de hidrocarburos en alta mar y anunció que intentará endurecer la norma durante su trasposición a la normativa española. La decisión de la UE no paralizará, en cualquier caso, la batalla en los frentes políticos, jurídicos y sociales para intentar parar la actividad petrolífera junto a las costas de Lanzarote y Fuerteventura autorizada en marzo del pasado año por el Consejo de Ministros.
El Ejecutivo regional (CC-PSOE) cree que la UE todavía no habría dicho la última palabra en relación con las autorizaciones a Repsol en Canarias pese a la votación del martes en la cámara de Estrasburgo, y está convencido de que una nueva directiva podría contemplar en el futuro la prohibición de las extracciones en Canarias por tratarse de una zona de especial protección marítima.
El comisionado del Gobierno canario para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, que coordina la ofensiva jurídica del Ejecutivo regional contra los sondeos permitido a la petrolera Repsol, aseguró ayer que la directiva "es buena" porque establece los requisitos mínimos en que en el futuro se tienen que otorgar los permisos, y evita situaciones como la que se da en Canarias, "donde estos permisos se han dado sin ninguna garantía ni informe medioambiental previo". Asegura además que el texto aprobado el martes es un reconocimiento expreso por parte de la UE del peligro de la actividad petrolera en mar abierta. "La directiva no impide la extracción en Canarias", como reclamó el Ejecutivo ante distintas estancias europeas, pero sí contribuye, entiende, "a reforzar nuestro razonamiento de base de que es una actividad peligrosa con capacidad de producir una gran impacto medioambiental en el suelo marino y en est o la UE nos da la razón", resalta.
Enmiendas
Ríos asegura que el informe "incorpora de cierta manera nuestras enmiendas", presentadas a través de los eurodiputados socialistas Juan Fernando López Aguilar y Teresa Riera, y que "se incluye en el texto una importante referencia a la directiva 2001/42/CE sobre planes y programas, tal y como solicitamos, y también se hace referencia a las zonas marinas protegidas y vulnerables".
"Se van a tener que tener en cuenta las zonas con valores especiales como las nuestras y vamos a ver cómo la traspone el Estado español", añade Ríos.
Es en ese punto en el que el Gobierno de Canarias quiere hacer hincapié porque considera que en la transposición de la directiva es donde pueden reconocerse las singularidades del Archipiélago. "Vamos a seguir intentado que Canarias, como zona de especial protección marina y por sus valores intrínsecos desde el punto de vista medioambiental y de modelo económico, pueda ser declarada libre de la actividad petrolífera", subraya Ríos. Añade que "todavía se puede introducir esta exclusión en otras directivas comunitarias, pero también puede hacerlo el Estado con una decisión política si así lo considera pertinente, ya que cada Estado puede poner sus propias condiciones a la aplicación de esta directiva".
Anuncia en este sentido CC estará vigilante en el Congreso para ver si la situación política y parlamentaria en ese momento puede forzar el endurecimiento o incluso la retirada de los permisos a Repsol, que ya ha comenzado los trabajados de investigación de campo en las nueve cuadrículas sobre las que se le otorgó derechos por parte del ministerio que dirige el canario José Manuel Soria.
Ríos resta importancia al hecho de que el Parlamento Europeo rechazara una enmienda de los Verdes en la que se proponía prohibir las explotaciones próximas a costas turísticas, inestables geológicamente o donde un eventual accidente pudiera provocar efectos devastadores en los ecosistemas marinos. "Era una enmienda demasiado genérica que tendría efecto en muchas otras zonas que nada tienen que ver con Canarias", asegura. Por ello, no cree que se pueda considerar la votación del martes como un rechazo expreso a la prohibición de los sondeos en el Archipiélago como así se interpreta desde la bancada popular en las Islas.
El representante del Gobierno de Canarias asegura que "no es verdad" que la petrolera española esté contemplando ya en sus trabajos en aguas canarias las nuevas exigencias comunitarias, como aseguran sus portavoces. "Repsol no ha presentado ningún plan de trabajo ni nada que avale lo que está diciendo", asegura Ríos, quien señala que "gracias a las prisas de José Manuel Soria, Repsol se ve libre de las nuevas exigencias".
La petrolera insistió ayer en que cumplirá con la nueva norma tanto si cuando empiecen las prospecciones (en el plazo de año y kedo) la directiva está ya adaptada la normativa española como si no. Fuente de la compañía asegura que han estado han al tanto de los detalles de la nueva normativa durante su tramitación, por lo que en el caso de Canarias las aplicarán desde el comienzo.
Para el Ejecutivo "queda aún mucho camino" tanto en el ámbito jurídico, como en el político y social por parar las prospecciones en sus aguas.
"Estamos casi en el kilómetro cero, no hemos cubierto ni el 10% del proceso judicial en torno a las prospecciones, porque vamos a recurrir las autorizaciones sobre los estudios de los fondos y recurriremos las que se den en su día, si es que se dan, a las extracciones", subraya Fernando Ríos. Además, anuncia que en el ámbito europeo se impulsarán "distintas iniciativas políticas" y una movilización social en las Islas para obligar al Gobierno de España a parar los sondeos.
