La Consejería de Empleo del Gobierno canario y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) buscan vías alternativas para integrar en el plan de empleo social a los ayuntamientos que se encuentran inmersos en un expediente de regulación de empleo (ERE). La titular de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo, advirtió ayer que estos municipios tiene "problemas jurídicos" ya que no pueden contratar si han presentado un ERE pero, no obstante, garantizó que los desempleados de estos municipios no se quedarán fuera del plan. La consejera habló hasta de cuatro ayuntamientos en esta situación, entre ellos Gáldar y La Aldea en Gran Canaria. La semana que viene se firmará el plan entre el Ejecutivo y la Fecam, por lo que Luengo aseguró que aún hay tiempo para que se adhieran al plan los 88 municipios isleños
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el convenio marco del plan de empleo social. La consejera de Empleo reiteró que el presupuesto es de una cantidad máxima de 30 millones de euros, cifra que aún está por concretar a medida que las corporaciones municipales vayan poniendo sobre la mesa las cantidades que aportarán, procedentes del Fondo de Financiación Municipal.
La consejera admitió que hasta que no se concrete la cifra con la que se cuenta tampoco se puede saber cuántos parados se pueden beneficiar de esta medida. Luengo sí detalló que en Canarias hay 155.534 personas que no cobran ninguna prestación. De esta cantidad, 73.314 están en Gran Canaria y 63.067 residen en Tenerife, mientras que el resto están repartidas entre las islas no capitalinas. De este colectivo saldrán los beneficiarios de la medida.
Para Luengo este plan supone poner en práctica un nuevo concepto de asistencia social al cambiar la prestación social por un empleo, es decir, "en vez de pagar una ayuda de emergencia a cargo de los ayuntamientos, abonamos un salario y conseguimos que las personas coticen a la Seguridad Social y dignificarlas", señaló.
Sobre la financiación, la Comunidad Autónoma pondrá el 50% de la aportación que realice cada ayuntamiento. Los municipios podrán destinar hasta un máximo del 10% de lo que perciben del Fondo Local para este plan. Una vez que el ayuntamiento decida la cantidad que destinará a esta medida el Servicio Canario de Empleo adelantará el 50% de la misma para que se ponga en marcha el plan desde el 1 de julio. "A mayor aportación de los ayuntamientos mayor aportación del Gobierno", añadió la consejera.
El perfil de los desempleados que se podrán contratar por seis meses acogidos a este plan es el de miembros de unidades familiares con todos en paro o que no reciban prestaciones, parados de larga duración y desempleados con especial vulnerabilidad por carecer de recursos, sin apoyo familiar o con vivienda embargada. Será una comisión formada por los trabajadores sociales de cada ayuntamiento la que determinará las personas a contratar, una vez comprobado que están empadronadas e inscritas en las listas del SCE.
