Los ayuntamientos isleños disponen de apenas quince días para seleccionar a los beneficiarios del plan de empleo social, que deberá entrar en funcionamiento el 1 de julio. El Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ratificó ayer, por unanimidad, la suscripción del convenio marco aprobado el jueves en el Consejo de Gobierno regional. Ahora es el turno de los consistorios, que tienen que ponerse las pilas y acreditar cuántas familias de sus municipios tienen a todos sus miembros en paro y sin percibir prestación económica alguna. En total, en Canarias hay 26.000 hogares en esta situación y ellos encarnan la prioridad de este proyecto.

"Estos días hay que correr para que el 1 de julio estén contratados", confirmó el vicepresidente de la Fecam y alcalde de Puerto del Rosario, Marcial Morales, al término de la reunión en la que se perfilaron los detalles del acuerdo previsto con el Ejecutivo regional. Este plan de empleo social, una de las cinco patas de la estrategia contra la pobreza y la exclusión social del Gobierno canario, ha visto reducir a la mitad sus fondos, hasta quedarse en 15 millones de euros, diez aportados por las corporaciones locales y el resto por la Comunidad Autónoma.

Los consistorios tienen por delante una ardua tarea y sólo dos semanas para su resolución. Durante este período los Servicios Sociales elaborarán los informes sobre quienes aúnan los requisitos fijados y se creará una comisión técnica en cada ayuntamiento encargada de evaluar estos estudios. Además de que cada junta de gobierno debe dar luz verde a la adhesión al convenio, certificar su aportación económica, enviar a la Fecam y al Gobierno los expedientes de los posibles participantes y remitir al Servicio Canario de Empleo (SCE) la cifra de plazas convocantes y el puesto solicitado.

Los aspirantes deben tener entre 18 y 65 años y figurar inscritos como demandantes de empleo en la oficinas del SCE con una antigüedad mínima de seis meses, así como estar empadronados en el municipio que realiza la convocatoria con una antigüedad superior a seis meses. Tendrán prioridad los parados integrantes de unidades familiares en las que ningún miembro esté percibiendo retribución o prestación alguna. En ningún caso podrá trabajar en este programa más de una persona por unidad familiar, salvo que no hubiera otro demandante para el cometido planteado. En el proceso de preselección se tiene en cuenta también a desempleados de larga duración, en exclusión social o en riesgo de padecerla. El siguiente paso es que el SCE comunicará al ayuntamiento las personas a contratar.

Los agraciados realizarán tareas de mantenimiento de los espacios públicos urbanos, rurales y en el litoral; mejora de zonas ajardinadas; limpieza de áreas agrícolas y caminos rurales y acondicionamiento de las carreteras de acceso a los términos municipales.

Aunque aún hay ayuntamientos como Gáldar y La Aldea que estudian cómo poner en práctica el plan, la cita de ayer sirvió para dejar zanjadas las reticencias de algunos alcaldes, sobre todo del PP. El secretario general de este partido, Asier Antona, expresó su apoyo a la iniciativa, aunque rechazó la "forma y procedimiento" con los que se ha sido elaborado, por haber excluido a los ayuntamientos que son los que aportarán la mayor parte de su financiación.

Antes de iniciar un encuentro con la junta directiva de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Antona señaló que el programa es una "improvisación" más de este Gobierno, formado por CC y PSOE, informa Efe. Para el dirigente popular, el plan de empleo social, al igual que la iniciativa del Gobierno de abrir los comedores escolares en verano, responden al proceder del Ejecutivo de "gobernar a golpe de titulares". Antona reprochó al presidente canario, Paulino Rivero, que no consensuara estas iniciativas con los ayuntamientos antes de anunciarlas, cuando, en el caso del plan de empleo, les obligará a adaptar sus presupuestos a mitad del ejercicio. Aclaró que, aunque apoya las medidas de este proyecto, no resolverá el problema del paro.