Los alcaldes de Canarias plantarán batalla en Madrid para frenar la reforma de la administración local, que se fraguará en el Consejo de Ministros del 19 de julio, aunque los ayuntamientos isleños no se fían y sospechan que se llevará este viernes a la reunión semanal en Moncloa. La Federación Canaria de Municipios se ha convertido en una de las más beligerantes contra el texto de la revisión de la Ley de Bases de Régimen Local que ultima el PP, y reclama a la Federación Española de Municipios y Provincias mayor implicación en las demandas del Archipiélago.

El PSOE llamó ayer a los regidores de las Islas a levantarse contra un documento que considera "lesivo" para las Islas. La Comisión Ejecutiva Insular de los socialistas de Gran Canaria acordó aunar los esfuerzos de los municipios de todo signo político contra la futura ley, a fin de evitar su entrada en vigor en enero de 2014.

El secretario general insular del PSC-PSOE, Ángel Víctor Torres, explicó que se trata de una campaña de la Comisión Ejecutiva Federal de su partido, por lo que el reto es sumar el apoyo del mayor número de ayuntamientos posible para detener el texto en su tramitación parlamentaria antes de que se convierta en ley. El PSOE confía en que un elevado número de consistorios de España se adhieran a su campaña. En el Archipiélago, alcaldes de Coalición Canaria y Nueva Canarias se han postulado ya en contra de la modificación administrativa que propone el Gobierno central.

Torres incidió en que el documento que aprobará el equipo de Mariano Rajoy no tiene en cuenta las singularidades de las corporaciones locales canarias ni "el hecho insular", marcado también por la orografía de los territorios. "Colocar servicios centralizados en las capitales o en los municipios de más de 20.000 habitantes en las Islas es un drama para los ciudadanos a la hora de demandar sus servicios", advirtió Torres, que señaló que al margen de la campaña política también el PSOE interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa si no se modifica en su recta final.

El también alcalde de Arucas aún no tiene claro si secundará la jornada de huelga -aún sin fecha- prevista por seis municipios del Noroeste de Tenerife, como protesta testimonial y para que los ciudadanos se den cuenta del daño que causará la pérdida de las competencias de servicios sociales por los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

Los departamentos jurídicos de La Guancha, Icod de los Vinos, El Tanque, Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte estudian qué servicios pueden suspender para no tener problemas legales. "Es un asunto delicado y no se puede actuar de forma improvisada", afirmó el alcalde de Garachico, José Heriberto González (CC), que indicó que probablemente dicha huelga será a partir de septiembre para generar mayor concienciación social.

Por su parte, los cuatro municipios de mayor población (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna) descartan de momento dejar de prestar los servicios por un día por el impacto que supondría entre los vecinos, según varias fuentes. "Sólo resultarían perjudicados los ciudadanos", argumentó la alcaldesa teldense, Carmen Castellano (PP), que reivindicó "una competencia, una administración".