Los ayuntamientos canarios afectados por la nueva Ley de Costas han iniciado los trámites demandados por el Ministerio de Medio Ambiente para consolidar sus barrios costeros como núcleos urbanos. El Gobierno de Canarias reunió ayer a los técnicos en materia de ordenación del territorio de los municipios para unificar los criterios en la documentación que han de presentar a Madrid antes del 31 de agosto y solucionar eventuales dudas sobre este proceso.
Dicha reunión técnica de los municipios de la provincia de Las Palmas, presidida por el viceconsejero de Política Territorial, Mario Pérez, se repite hoy con los ayuntamientos de la provincia de Tenerife. Como conclusión del encuentro, será el Gobierno canario quien se encargue de remitir al Ministerio la documentación que le aporten los ayuntamientos la próxima semana, a más tardar, para el reconocimiento de los núcleos costeros, construidos después de 1988, como urbanos. El Ejecutivo regional recuerda que el planeamiento de estos emplazamientos fue aprobado por las administraciones canarias en el 99% de los casos con informes positivos de Costas y del propio Ministerio, por lo que no entiende que Madrid pida de nuevo esta documentación en un plazo de tres meses y, encima, el Gobierno central tenga 18 meses para responder. La nueva Ley de Costas afecta a 80 emplazamientos, con unas 1.800 viviendas de las cuales en torno a 500 están en dominio público, indicó Mario Pérez. Al respecto, criticó que el Ministerio de Medio Ambiente haya excluido en esta legislación a 12 núcleos costeros situados en dominio público en toda España, "sin criterio alguno para hacerlo y rompiendo el principio de igualdad con respecto a otras comunidades", como Canarias, a la que no se le ha salvado ningún emplazamiento costero sito en dominio público aunque sea pintoresco o tenga valores históricos. Por tanto, los barrios costeros en dominio público que no han sido excluidos de la nueva Ley con 'nombres y apellidos' mantienen la misma consideración que en la legislación de Costas de 1988 y son susceptibles de ser derribados. En cuanto a los emplazamientos urbanos en zonas de servidumbre, de cumplirse la nueva Ley "se causan mayores perjuicios a los ciudadanos porque empeora sus condiciones ", explicó el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, quien no dudó en calificar la actual reforma de la Ley de Costas de 1988 como "un disparate" e inconstitucional. De hecho, el Consejo de Gobierno aprobó ayer iniciar el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Costas solicitando, como paso previo, el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.
