El Gobierno de Canarias ha de afrontar la salida de la crisis con "fórmulas solidarias" que permitan superar los "insoportables índices de pobreza y desempleo" que tienen las Islas. Así se lo demandó ayer el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Fernando Redondo, al máximo dirigente del Ejecutivo autónomo, Paulino Rivero, en la reunión que mantuvieron para la presentación del informe anual sobre la situación económica, social y laboral del Archipiélago en el año 2012, que elabora este órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

El presidente del CES mostró su "preocupación" porque las instituciones públicas no estén diseñando ya una respuesta solidaria a la salida de la crisis. Si bien "todas las perspectivas que tenemos de 2013 y 2014 son bastante optimistas", desde su punto de vista no se puede hablar de grandes crecimientos. Por tanto, las fórmulas que pide deberían pasar por recuperar "los derechos de los ciudadanos y una mejor calidad de vida que a la que ha habido en estos años".

A juicio de Redondo, "el panorama que deja la crisis entre 2008 y 2012 es de una sociedad mucho más injusta. Los niveles de pobreza han crecido de forma insoportable y superan el 30%, el riesgo de pobreza está en el 60 % y el paro ronda el 33 %".

Ante ello, el presidente del Consejo subrayó que esta sociedad no se merece seguir en esta senda, por lo que "hay que empezar a pensar en cómo se sale del túnel" en el que han ido cayendo las Islas por encima de otras comunidades, en términos de desempleo e índices de pobreza.

El informe del CES indica que mientras en 2010 y 2011 Canarias tuvo un comportamiento económico "ligeramente mejor" que otras comunidades, en 2012 se produjo una "inflexión" en el camino hacia la recuperación. "Aunque la reducción del Producto Interior Bruto (PIB) tuvo un buen comportamiento, el PIB per cápita descendió por primera y la economía se redujo en las Islas, como consecuencia del gran dinamismo de la población". Fernando Redondo achacó esta situación a, "posiblemente, porque en 2012 se atrajo más empleo de fuera", lo que afectó también al sector turístico. Y ello, a pesar de tener el nivel de paro más alto de España.

Con ese análisis, el CES se alinea con las tesis que el Gobierno de Canarias ha manifestado en múltiples ocasiones de que el trabajo vacantes es absorbido por foráneos. El propio viceconsejero de Presidencia, Jorge Rodríguez, expuso ayer al respecto que, aunque se sigue generando empleo, "la mayoría es para gente que no estaba residiendo en Canarias. Estos son aspectos que nos preocupan y debemos solucionarlos entre todos". En este sentido, el presidente Paulino Rivero defiende que el trabajo generado sea para los parados canarios.

'Pegas' a la Ley de Vivienda

De otra parte, Rodríguez reconoció que el Gobierno canario estudiará nuevas soluciones si se demuestra que el proyecto de Ley de Vivienda puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional, como indicaba el CES en otro demoledor informe emitido el pasado julio.

Este organismo ha recomendado al Ejecutivo que espere por el dictamen final del Constitucional a un decreto similar en Andalucía, suspendido temporalmente por permitir a los bancos la expropiación de casas que vayan a ser desahuciadas. "Seguiremos negociando con la banca para que, de alguna forma, las personas que no tienen una alternativa a la vivienda no se queden sin ella", recalcó el viceconsejero. En cualquier caso, indicó que los recursos son "limitados", en referencia a que el Gobierno pueda ayudar a sufragar alquileres sociales de personas afectadas.