El Gobierno español podría incurrir en responsabilidad civil en el caso de que las prospecciones o la explotación de petróleo en el lado de Marruecos produjeran daños en las costas canarias, según las conclusiones de un debate entre expertos sobre la existencia de hidrocarburos en aguas próximas a las islas.

El "principio de la responsabilidad por actos ilícitos de estados" establece que el propio Gobierno español puede verse obligado a compensar a los españoles por daños producidos por Marruecos, sin perjuicio de que luego reclame a ese país el pago de las indemnizaciones, según ha advertido el catedrático de derecho internacional, experto en relaciones internacionales y exdiputado en el Parlamento Europeo Manuel Medina.

En el debate, denominado "Petróleo-gas en aguas próximas a Canarias", celebrado en mayo bajo la organización del Foro Agustín de Betancour y que ahora ha sido editado en libro, participaron además Antonio Manuel Afonso, geólogo y experto en prospecciones y explotaciones petrolíferas; Roque Calero, ingeniero industrial y experto en energías renovables; y Santiago Hernández León, catedrático experto en temas marinos y medioambientales.

Una de las conclusiones es que la fase de prospección, que en Marruecos podría empezar en pocas semanas, "no tiene prácticamente riesgo alguno de vertido".

Manuel Medina advirtió de que si se produjera un accidente que inhabilitara las playas de Lanzarote y Fuerteventura durante algún tiempo, "la gente tendría que emigrar", puesto que esas islas viven casi exclusivamente del turismo, "y eso se puede cuantificar en términos económicos", si bien las cantidades serían "muy altas".

Por eso, el Gobierno español debe prever un fondo para el caso de que se produzca un daño, aunque el origen sea en las aguas españolas o marroquíes. Sin embargo, en un desastre de ese tipo, posiblemente no habría capacidad económica ni por parte de la compañía ni probablemente de España, por lo que únicamente la Unión Europea podría hacerse cargo.

Según concluyen los expertos, "el principio fundamental es garantizar la posible indemnización por parte del Estado Español-Unión Europea". Según los estudios de corrientes marinas aportados en el debate, un eventual derrame petrolífero podría afectar a Lanzarote y Fuerteventura, pero también a las demás islas, incluidas El Hierro y La Palma, las más alejadas.

En las conclusiones de ese debate no se adopta una posición ni a favor ni en contra de las prospecciones y eventual explotación de hidrocarburos, sino que se facilita información para que las decisiones que se adopten sean decisiones informadas, explicó Pedro Anatael Meneses, presidente del Foro.

Para los expertos participantes en el debate, la posibilidad de que exista petróleo o gas es en el mejor de los casos de un 20 por ciento, si bien en caso positivo existe el convencimiento de que será comercialmente viable y de que se explotará, por lo que lo más acertado sería adoptar una política de prevención y no de enfrentamiento.

Los expertos señalan que la política del Gobierno de Canarias "es equivocada", porque debe reforzar su posición ante posibles vertidos sean de la zona marroquí o española, "y ese refuerzo solamente lo conseguirá con un Estado español fuerte".

"Canarias debe tener en cuenta que sólo el Estado español puede apoyar sus intereses y que cuanto más fuerte sea su posición, tanto en el plano internacional como bilateral, mejor", según otra de las conclusiones. Los participantes coinciden es que Canarias tiene que exigir garantías de que se preserve su medio ambiente y de obtener alguna clase de beneficio económico, porque en caso contrario sólo estaría abocada a sufrir todos los riesgos.

En el aspecto jurídico, las conclusiones apuntan a que no existe el concepto de aguas canarias, porque los espacios marítimos son competencia del Gobierno central, y aunque no están definidas las aguas alrededor de las islas como jurisdiccionales, hay un acuerdo tácito entre España y Marruecos sobre una línea mediana equidistante entre las dos costas.

En el debate también se llegó a la conclusión de que Canarias debe hacer una apuesta decidida por las energías renovables, que es donde está su futuro energético, y está en disposición de pasar en poco tiempo de un modelo energético a otro.